Los agricultores valencianos proponen trasvasar 100 hectómetros anuales del Ebro

Las continuas crecidas del Ebro a su paso por Aragón como consecuencia de las lluvias, justo cuando el Gobierno está a punto de aprobar dos decretos de sequía para limitar el consumo en el Júcar y el Segura, han reabierto en las últimas semanas el debate del trasvase derogado en 2004 por el Gobierno del PSOE. El secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, terció ayer para pedir que no se haga «demagogia» con las inundaciones, pero al mismo tiempo consideró que el futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN) debería contemplar un trasvase del Ebro hacia la Comunidad. Eso sí, más modesto que el previsto inicialmente.

El dirigente agrario señaló ayer durante una rueda de prensa –convocada para informar de la admisión de su denuncia contra el Ministerio de Medio Ambiente por el reparto de ayudas de la PAC– que es necesario «racionalizar el reparto del agua» y «dotarse de las estructuras necesarias para que el agua del Ebro pueda ser trasvasada hasta las zonas de mayor sequía ». A su juicio, debería plantearse un trasvase que permitiera enviar anualmente entre 80 y 100 hectómetros cúbicos del Ebro a la Comunidad.

El trasvase original preveía trasvasar casi 1.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que 320 se iban a destinar a la Comunidad. El líder de la Unió consideró ayer, sin embargo, que sería suficiente con los citados 100 hectómetros (menos de una tercera parte), combinados con el Tajo-Segura, depuradoras y la red de desaladoras construidas por el PSOE –precisamente para sustituir el trasvase– y que aún no se han puesto en marcha.

Respecto al derogado trasvase del Ebro y el nuevo PHN se pronunció ayer también la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, desde Zaragoza, donde acudió para comprobar los daños causados por las riadas. García Tejerina advirtió de la complejidad que implica la gestión del agua en España y subrayó el interés del Gobierno por que el agua «deje de ser campo de enfrentamientos». Como ya hizo en Valencia el jueves, la ministra puso como ejemplo el pacto alcanzado en torno al Tajo-Segura por Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, lamentó ayer que los regantes no pueden esperar el Decreto de Sequía porque necesitan que llegue agua «ya, en cuestión de 10 ó 15 días», y reivindicó el mismo trato que recibe la cuenca del Ebro con motivo de las inundaciones. «Estamos hablando de dos situaciones catastróficas: en Aragón hay una inundación importante y aquí hay sequía». Según Claver, ya hay comunidades de regantes que no tienen agua y otras con restricciones de cupos.

Tal como publicó ABC la pasada semana, los regantes del Segura tienen previsto protagonizar movilizaciones de protesta a partir del 20 de marzo si el Ministerio no ofrece soluciones alternativas a los decretos de sequía.