Investigan por prevaricación al equipo de gobierno de Alfaz del Pi

Un juez ha admitido a trámite la denuncia contra los integrantes de la junta de gobierno del socialista Vicente Arques por aprobar sistemáticamente la prórroga de los convenios de colaboración a favor de la asociación para el auxilio de animales de Alfaz del Pi, así como por sus acciones y omisiones en relación a la inspección, vigilancia, control y seguimiento y financiación del servicio .

Entre ellos se encuentral el secretario general del Ayuntamiento, José Rafael Frías –también denunciado por posibles irregularidades urbanísticas en La Colina– y la concejal delegada de Sanidad, Vicenta Baldo, por concederse las ayudas cuando ya se habían emitido informes técnicos que solicitaban la suspensión del convenio de colaboración debido a las deficiencias encontradas.

Los denunciados podrían haber incurrido en un delito de maltrato animal, de prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, de malversación de caudales públicos, de infidelidad en la custodia de documentos, delito de fraude en la contratacion, un delito de fraude de subvenciones, un delito de falsedad de documento público y un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

Según consta en la denuncia, la ley establece la posibilidad de que se pueda autorizar la realización del servicio municipal por parte de asociaciones de protección y defensa de aninalmes siempre que se cumplan los requisitos que se establezca y la obligatoriedad de estar inscrito en el Registro Oficial de Núcleos Zoológicos como centro de acogida de animales abandonados.

«Los funcionarios Don José Rafael Frías y Doña María José Pingarrón Martín no podían ignorar el contenido y exigencias de la legisación en materia de animales de compañía, pues asistían a las Juntas de Gobierno Local desde el año 2012», se explica. Sin embargo, según la denuncia interpuesta por el Partido Popular de la localidad alfacina, a sabiendas de que no se cumplían los requisitos, han estado prorrogando un convenio que no podían ignorar que era ilegal, «falseando incluso las determinaciones del convenio de colaboración», tal como consta en la demanda a la que he tenido acceso ABC.

Este periódico ya informó en su momento de las quejas vecinales por el estado de abandono de las instalaciones, el maltrato en el que se mantenía a los animales y las numerosas irregularidades administrativas que presentaba. Estas fueron certificadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, que en el informe elaborado tras la visita a las instalaciones puso de manifiesto múltiples deficiencias, especialmente relativas a la alimentación de los animales y la falta de documentación relativa a protocolos de higiene y salubridad.

El albergue fue abierto a finales de la década de 1990, pero en los últimos siete años –los cuales coinciden con el mandato del socialista Arques– recibió más de 100.000 euros de subvención por parte del Ayuntamiento. El juez ya dispone de toda la documentación solicitada a petición de la acusación a Ayuntamiento de Alfaz, Seprona y Conselleria, entre otros, en base a la cual procederá a pedir explicaciones a los denunciados y poder determinar así si han cometido los delitos anteriormente descritos.