El expresidente valenciano Francisco Camps será su propio abogado en el caso de la F-1

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se representará a sí mismo en la investigación del conocido como Caso Valmor, en el que el fiscal lo ha denunciado junto a otras personas por presunta prevaricación y malversación en el proceso para crear la sociedad que organizó los grandes premios de Fórmula Uno celebrados en Valencia, y su posterior compra por un euro a cargo del Consell.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informaron de que el juez que intruye la causa ha admitido la personación de Camps, que se representará a sí mismo como abogado, al estar habilitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Cabe recordar que Camps se doctoró en Derecho en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche con una tesis sobre el sistema electoral poco después de renunciar al cargo –al ser procesado por el «caso de los trajes», del que luego fue absuelto–

Según ha podido saber ABC, Camps había contactado inicialmente con un conocido despacho de abogados de la capital valenciana para encargarles su defensa, y dicho bufete había comenzado a trabajar ya en este sentido. No obstante, finalmente el expresidente valenciano tomó la determinación de representarse a sí mismo, y presentó personalmente el recurso contra la admisión a trámite de la querella del fiscal en el Alto Tribunal valenciano.

De hecho, en la misma diligencia en la que se tiene por personado a Camps, se comunica que se tienen por interpuestos en tiempo y forma los recursos presentados tanto por el expresidente como por el resto de querellados (la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez «Aspar») contra el auto del pasado 3 de febrero, en el que la Sala decidió admitir a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción.

El TSJCV entiende en este caso que se debe investigar la compra de Valmor para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo, y acota la instrucción al momento temporal que indica el ministerio público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011.

El tribunal admitió la querella ante la «posibilidad razonable» de que los hechos narrados por el fiscal hayan ocurrido con la participación de Camps; y de que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente –y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación–, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.