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PSPV y EU se personan en el caso de la Fórmula 1 para intentar que imputen a Fabra
Apoyados por Compromís, tratarán de ampliar la investigación de la compra de la empresa que fue autorizada por el Consell del actual presidente
El día 9 de diciembre de 2011, el Consell que presidía Alberto Fabra autorizó la compra de la empresa Valmor . Este hecho es el que persiguen judicialmente el PSPV y Esquerra Unida, que se personarán en la instrucción del caso que ha asumido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que, en principio, se ha circunscrito al periodo en el que se negociaron los contratos entre el anterior jefe de Consell, Francisco Camps, y el magnate británico de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, así como el aval que el Consell concedió a Valmor.
La sesión plenaria de las Cortes autonómicas de ayer fue esclarecedora al respecto de la estrategia indisimulada del tripartito de ampliar la investigación hasta la compra de la empresa por parte del Consell. Tratarán de demostrar que Fabra era «conocedor» –según las palabras de la diputada socialista Eva Martínez– de toda la información que hacía alusión a la «deuda que arrastraba Valmor» y que asumió la Generalitat .
El candidato de Esquerra Unida a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco, presentó una proposición no de ley ante el plenario de las Cortes para reclamar que la deuda de Valmor se declare como ilegítima y que «no tengan que asumirla todos los ciudadanos valencianos».
En el debate parlamentario, Eva Martínez desveló que su partido pedirá ser acusación particular; mientras que el portavoz de Compromís, Enric Morera, apoyó a PSPV y EU en su cruzada. El diputado popular César Sánchez rebajó los decibelios de la disputa y pidió al tripartito no convertirse en juez y pervertir la democracia.
Horizonte diseñado
El escenario dibujado por los aspirantes a que se amplíe la investigación descrita por el TSJCV contempla que Fabra será llamado por el tribunal a brindar su testimonio a raíz de las declaraciones de Francisco Camps y Lola Johnson, fundamentalmente.
Y con posterioridad, según su hoja de ruta, será imputado por la compra de Valmor al entender que conocía toda la documentación al respecto de esa adquisición por parte del Consell , como el propio Fabra ha reconocido en público. Para todo ello, la posición de la Fiscalía volverá a ser clave, como lo ha sido para la apertura del caso. La posición de acusación particular, cuya admisión determinará la Sala, permitiría a PSPV y EU instar la imposición de medidas, ser notificados de las diligencias que se soliciten y, lo más importante, proponer pruebas que versen sobre el supuesto hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, además de formular los recursos procedentes de acuerdo con esta ley.
No hacía falta un acta
En este sentido, la diputada socialista Eva Martínez pidió el acta del consejo de administración de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) del 19 de julio de 2011, en el que supuestamente se suscribió un contrato entre F-1, Valmor Sports y la Generalitat, por el que esta pasó a ser avalista de la mercantil en sustitución de Bancaja. La respuesta del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues (por escrito), fue que SPTCV no tenía conocimiento de que se iba a suscribir, lo que avalaría la tesis de que fue Camps quien directamente ordenó avalar a Valmor.
Ya por la tarde, el propio Moragues aseguró que el director general de Sociedad Proyectos Temáticos tenía poderes para autorizar el contrato de novación de la Fórmula 1 por el que la Generalitat pasó a ser avalista de la empresa y que por ello no había ningún acta porque «no hacía falta».
Y mientras, la portavoz del Consell, María José Catalá, se limitó a explicar que el Gobierno valenciano colaborará con la justicia en todo lo que solicite para esclarecer los hechos. «El Consell estará de forma respetuosa y responsable del lado de la justicia», indicó.
En este clima de tensión e incertidumbre, Alberto Fabra sigue a la espera de la ratificación de su candidatura, que podría anunciarse dentro de dos semanas. Mariano Rajoy, sin embargo, sigue sin pronunciarse.
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