El TSJCV admite a trámite la querella contra Camps por los contratos de la F-1
El pasado lunes la marmota Phil auguraba seis meses más de invierno desde Punxsutawney (localidad de Pensilvania). Ese día de la marmota es lo que está viviendo el PP de la Comunidad Valenciana que ve como cuatro años después el paseíllo judicial se repite y lo dilatado de los procesos sobre presunta corrupción puestos en marcha acumulan vistas en vísperas de las elecciones autonómicas.
Y es que ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió admitir a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat valenciana y hoy en día diputado autonómico, Francisco Camps, por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en la negociación de los contratos de la Fórmula 1 y en el aval que la Generalitat prestó a la empresa Valmor.
Johnson y «Aspar»
La querella también se dirige contra la exconsellera, exsecretaria autonómica de Comunicación y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Johnson, y el expiloto y tetracampeón del mundo del motociclismo Jorge Martínez «Aspar».
Camps ya estuvo bajo el yugo judicial en las elecciones de 2011, entonces como candidato autonómico del PPCV, por el denominado Caso de los trajes por el que fue declarado no culpable por el TSJCV, sentencia que luego confirmó el Tribunal Supremo.
Ahora, cuatro años después, y ya alejado de la primera línea política, el expresidente se enfrenta a la querella de la Fiscalía que entiende que Camps negoció «directamente» con el magnate británico de la F-1, Bernie Ecclestone, los contratos para la celebración del Gran Premio en el circuito urbano de Valencia. El fiscal denuncia que Camps fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda y también quien habría ordenado a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.
El TSJCV investigará así al expresidente autonómico por presunta malversación y prevaricación en la compra de la empresa Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro en el marco de la Fórmula 1, asumiendo la deuda millonaria que esta mercantil arrastraba.
La instrucción la acota el tribunal al momento temporal que indica el Ministerio Público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011 y se designará en breve a un instructor para tramitar el procedimiento.
Camps, cuando conoció la querella, mantuvo que la celebración de la Fórmula 1 en Valencia «fue una decisión estrictamente política, esencial para el posicionamiento de la Comunidad en el exterior» y subrayó que «todas las decisiones políticas adoptadas sobre esta cuestión contaron con el soporte técnico y jurídico necesario».
La evolución de la instrucción, sin embargo, es un quebradero de cabeza para el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a quien el PSPV y EU (impulsores de la denuncia ante la Fiscalía) persiguen. Ambas formaciones se presentarán como acusación particular del caso e intentarán que el tribunal extienda la investigación hasta la compra de Valmor por parte del Consell, cuestión que el propio Fabra rubricó.
A diferencia del presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río, quien afirmó recientemente que el Alto Tribunal intentará «importunar lo menos posible» en las elecciones, el TSJCV no parece haber recorrido la misma senda y son varios los casos que se analizarán en plena precampaña e incluso en campaña electoral.
