Valor pacta con Fabra la retirada del controvertido PGOU de Alicante
El alcalde de Alicante, Miguel Valor, ha pasado página definitivamente a la era Castedo en el Ayuntamiento retirando el Plan General de Ordenación Urbana y así «dejar a un lado controversias», una decisión pactada con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y con el asesoramiento técnico de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.
El documento descartado, que se venía gestando desde hace 14 años, está sometido a investigación judicial por posible trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, Desde el gabinete de Alcaldía subrayaron ayer que el nuevo PGOU va a «dar paso a un modelo de ciudad de crecimiento inteligente, sostenible medioambiental y territorialmente».
En un próximo pleno municipal extraordinario se acordará el desistimiento y remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo del PGOU en tramitación y el inicio de un nuevo plan, que echará a andar con la creación de unos talleres de participación pública, para que «entre todos» se diseñe el nuevo modelo de ciudad que para Alicante, según Valor. «El Ayuntamiento quiere apostar por un urbanismo de vanguardia y, de este modo, poder optar a las nuevas líneas de financiación europeas», añadió.
Tras el acuerdo con Alberto Fabra, Valor ha mantenido una reunión con la consellera Bonig y ha conocido la valoración técnica de los máximos responsables de la Conselleria, con el fin de adoptar la mejor solución que permita encauzar el nuevo documento.
El director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Juan Giner, descadó que se podrá tramitar de acuerdo con la nueva ley urbanística, que entró en vigor el pasado 20 de agosto, recogiendo las últimas directrices de desarrollo de las normativas europeas.
Desde la oposición, EU reaccionó ayer con nuevas críticas al equipo de gobierno del PP por entender que el PGOU se tenía que haber retirado antes, además de anticipar que ahora en el nuevo documento se puede anular la tramitación para que Ikea se implante en Rabasa. Y UPyD pidió que la redacción del nuevo plan se rija por la «transparencia y la participación ciudadana».
