«caso enchufes»: el sumario
El Ayuntamiento de Benidorm pagó 21.500 euros a la hija de una concejal socialista de Altea
Los hechos se remontan a 2010, cuando Francisca Crespo ejercía de secretaria de la Concejalía de Bienestar Social; el Ayuntamiento la contrató para impartir un «curso de ludoteca» y otro de intervención familiar
El Ayuntamiento de Benidorm, presidido por el socialista Agustín Navarro , pagó más de 21.500 euros en un año en facturas de importes diversos a la hija de la concejal del PSOE en Altea Francisca Crespo. Así consta en el sumario del conocido como «caso de los enchufes» que investiga el juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm – en el que el alcalde benidormense está imputado por prevaricación y tráfico de influencias –, y al que ha tenido acceso este periódico.
Los hechos se remontan al año 2010, meses después de que –en septiembre de 2009– Navarro se convirtiera en alcalde con el apoyo de un tránsfuga del PP, José Bañuls, quien hoy sigue figurando como cargo de confianza en el Consistorio en la Concejalía de Movilidad. Entre enero y diciembre de ese año, la hija de Francisca Crespo presentó al Ayuntamiento un total de diez facturas por el citado importe, como contraprestación por su trabajo como monitora en un centro social.
No obstante, cuando se pagaron las citadas facturas Crespo no era todavía concejal en Altea –donde el PSOE está en la oposición tras gobernar entre 2007 y 2011–, sino que formaba parte de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Benidorm. El mismo al que facturó su hija. De hecho, la socialista, trabajadora social de formación, ejercía entonces de secretaria en la Concejalía de Bienestar Social –de cuyo presupuesto se pagaron los trabajos de su hija–.
Con cargo al «Plan E»
Según las citadas facturas, que obran en el sumario de la causa –aportadas por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de Benidorm, personado como acusación particular–, la hija de la hoy concejal socialista facturó al Consistorio en calidad de «licenciada en Pedagogía y diplomada en Magisterio de Educación Especial», a cambio de impartir dos cursos. El primero, entre enero y abril, contratado directamente por el Ayuntamiento de Benidorm. El segundo, de mayo a diciembre, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010 –más conocido como «Plan E 2»–.
De esta forma, según consta en el sumario , la hija de Francisca Crespo presentó dos facturas por importe de 2.115 y 1.057,5 euros brutos, respectivamente, por impartir dos tandas de un «curso de Ludoteca» en el centro social José Llorca Llinares. La primera, de 186 horas, entre enero y marzo de 2010. La segunda, entre abril y el día 14 de mayo.
Inmediatamente después de terminar el «curso de Ludoteca» en el centro social, la hija de la por entonces secretaria de la Concejalía de Bienestar Social de Benidorm comenzó a facturar de nuevo al Consistorio por «prestación de servicios» en el «Programa de Intervención Familiar». Los honorarios del mes de mayo, en el que comenzó a trabajar el día 17 –según se recoge en la propia factura– ascendieron a 1.288 euros brutos. En los meses siguientes, entre junio y noviembre, la hija de la socialista facturó a razón de 2.409 euros brutos mensuales. En diciembre, en cambio, su retribución fue algo inferior, y se quedó en 2.164 euros brutos.
Domicilio en Altea
En total, más de 17.800 euros por siete meses y medio de trabajo. Una cantidad a la que cabe sumar los 3.170 euros del «curso de Ludoteca» previo. De esta forma, la hija de Francisca Crespo percibió del Ayuntamiento de Benidorm más de 21.500 euros en un año. La acción popular que representa el SPPLB advierte en la ampliación de la denuncia que presentó ante el juez de que «Francisca Crespo ejercía funciones de secretaria de la concejala de Bienestar Social [la socialista Isabel Martínez], y en mayo de 2011 fue elegida concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Altea». De hecho, el domicilio fiscal que figura en las facturas presentadas por su hija está radicado, efectivamente, en la localidad vecina a Benidorm.
Nueva citación
Como ha venido publicando este periódico, el fiscal denunció a Agustín Navarro a finales de 2013 al apreciar hasta 43 posibles casos de «enchufismo» en sus contrataciones «a dedo» y mejoras de condiciones a afiliados del PSOE, familiares de ediles y militantes de UGT y CC.OO. El juez abrió una causa por posible prevaricación y tráfico de influencias, y el alcalde declaró como imputado el pasado marzo, para negar el citado trato de favor.
Tras la ampliación de la denuncia por el sindicato, el juez había vuelto a citar a Navarro para declarar como imputado esta semana, pero la celebración de Fitur ha llevado a aplazar su comparecencia a finales de abril. En su lugar, acudirá el que fuera concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez. En principio, como testigo.
