política
Grandes eventos en la Comunidad: Un sueño de progreso convertido en pesadilla
Los proyectos que buscaban transformar la región encallan en los tribunales; la apuesta por el ocio y el deporte ha supuesto una inversión superior a los 2.300 millones de euros
La política de grandes eventos puesta en marcha entre finales del siglo pasado y comienzos del actual para situar en el mapa internacional a la Comunidad Valenciana se ha vuelto en contra de la imagen de la región. Como si de un bumerán se tratara, el impulso de proyectos de ocio, culturales y deportivos ha acabado en muchos casos en los juzgados y se ha saldado con pérdidas millonarias para las arcas públicas.
El último episodio lo ha protagonizado el Palau de les Arts de Valencia. La detención de la que fue hasta el martes su intendente , Helga Schmidt, en el marco de una instrucción judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión del recinto jalonó una trayectoria marcada por los sinsabores. Desde el desplome de un escenario hasta las inundaciones, pasando por el desprendimiento de la cerámica que recubre su fachada.
El recinto, que trasladó la imagen de Valencia a todo el mundo gracias a figuras de talla internacional como Lorin Maazel, Zubin Metha o Plácido Domingo, dirimirá su futuro en el juzgado de instrucción número 15 de la capital. Además, en 2013, último ejercicio auditado por la Cuenta General de la Generalitat, el Palau de les Arts perdió 3,09 millones de euros.
El recinto diseñado por Santiago Calatrava, ahora rodeado de andamios por las obras para reponer el trencadís, prentendía ser la culminación del gran proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El complejo se ha convertido en la imagen que Valencia ha exportado al mundo, pero sus pérdidas han obligado a la Generalitat a sacar a concurso su gestión en busca de operadores privados que la conviertan en rentable, tras una inversión que ha rondado en el conjunto arquitectónico los 1.000 millones de euros.
Juicio de Terra Mítica
Una solución parecida a la que se buscó con Terra Mítica. El parque temático de Benidorm pasó a manos privadas tras una millonaria inversión pública, más diez años de pérdidas, un proceso de suspensión de pagos y una macrocusa que comenzará a juzgarse en Valencia a partir del mes de marzo por una trama de facturas falsas y presunto fraude fiscal. Los exdirectivos del parque se sentarán en el banquillo, mientras que Terra Mítica jamás cosechó los resultados que en su día justificaron una inversión superior a los 240 millones de euros. Preveía cuatro millones de visitantes al año, pero apenas superó los 1,5 millones en sus mejores momentos, y acumuló pérdidas superiores a los doscientos millones de euros.
Terra Mítica abrió en 2000, el mismo año que la Generalitat fichó a Helga Schmidt (imputada ahora por malversación, prevaricación y falsedad) como intentendente del Palau de las Arts. En aquel entonces la posibilidad de convertir a Valencia en sede de grandes eventos deportivos ya era algo más que una aspiración y apenas tres años después, el 26 de noviembre de 2003, se hizo público que Valencia acogería la principal competición náutica del mundo en 2007. La prueba fue un éxito de público y participantes, contribuyó a revitalizar la planta hotelera de la ciudad y disparó las cifras de turistas extranjeros.
Sin embargo, la mayoría de sus infraestructuras, salvo el eficio Veles e Vents, quedaron sin uso cuando se marcharon los barcos tras una inversión de quinientos millones de euros. Ahora, la Marina Real trata de revitalizarse aprovechando algunas de las antiguas bases de los equipos donde se levanta el principal centro de emprendedores del Mediterráneo.
Unas instalaciones que se solapan con el circuito urbano de Fórmula Uno. Un trazado del que apenas queda la pintura por el que un día los Alonso, Hamilton y compañía se disputaban el cetro mundial. Ahora, la causa amenaza con acabar en el juzgado. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por los contratos suscritos para la celebración de la Fórmula Uno en Valencia.
El Ministerio Público cree que se cometieron delitos de malversación y delito societario en la adjudicación de la organización de la carrera a la empresa Valmor, que años después fue adquirida por la Generalitat, que asumió su deuda. La querella se dirige también contra la que fuera consellera de Cultura, Lola Johnson (por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario) y contra el expiloto y representante de la empresa Valmor (que gestionó las primeras ediciones de la Fórmula Uno en Valencia) Jorge Martínez «Aspar» (por malversación y prevaricación).
A la espera del devenir judicial del caso, que podría incluso afectar al actual Ejecutivo, lo cierto es que el contrato se tuvo que cancelar porque la prueba no era rentable. Su impacto no compensaba las pérdidas para las arcas públicas ni una inversión que, entre el canon de la prueba, el coste del circuito urbano, los derechos televisivos de Canal 9 y la compra de Valmor, superó los trescientos millones de euros.
Ayudas de Ciudad de la Luz
La Comunidad Valenciana de « cine » que se concibió con los grandes eventos también perderá los estudios de Ciudad de la Luz. Un proyecto que pretendía convertir Alicante en una suerte de meca del séptimo arte y que ahora está a la espera del visto bueno de la Unión Europea para su venta por lotes. Una sentencia judicial, de hecho, obliga a devolver 265 millones en ayudas públicas en un recinto que acumuló pérdidas por importe de 84 millones de euros tras una inversión pública que abarcó ampliaciones de capital social (92,2 millones de euros), asignación de terrenos (nueve millones de euros), préstamos participativos (115 millones de euros) y concesión de préstamos convertibles en acciones (45,8 millones de euros).
En los últimos dos años la Ciudad de la Luz ha perdido la posibilidad de albergar decenas de rodajes mientras sigue cerrada a cal y canto a la espera de algún final feliz.
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