política
El Consell ultima un proyecto de ley que blinda el papel de las diputaciones
Mantener sus competencias es uno de los objetivos frente al anuncio de Ximo Puig que quiere «reducirlas»La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local «avala» este proyecto del Consell
No dejar nada al azar, esta es la premisa del Consell que preside Alberto Fabra, en los meses que restan de legislatura. El papel de las Diputaciones en el próximo mandato está en el aire, toda que vez que el líder del PSPV –con opciones de gobernar en coalición– ya ha expresado públicamente su intención, si es presidente, de reducir a la mínima expresión el papel de las corporaciones provinciales , tanto en presupuesto, como en competencias y número de integrantes (diputados y asesores).
Puig se encomendaba a la Ley de 1983 que otorga a la Generalitat la capacidad para unir el presupuesto de las diputaciones al suyo, establecer las competencias de las mismas y realizar la tarea de inspección de las diputaciones. Todo ello, está así expresado en el artículo 72 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, reformado por última vez en 2006.
Presentarlo en febrero
Ahora, el Consell que preside Alberto Fabra está ultimando un proyecto de ley que tiene intención de presentar el próximo mes de febrero para que pueda ser aprobado esta legislatura y que tendría por objeto blindar el régimen competencial que actualmente tienen las diputaciones.
El debate jurídico es complejo por el blindaje estatutario, sin embargo, el Consell considera que la ley que aprobó el ejecutivo autonómico que presidía el socialista Joan Lerma en 1983 está «obsoleta» y que ahora hay un aliado en el papel que desempeñan las corporaciones provinciales como es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en diciembre de 2013.
Esta norma estatal refuerza el papel de las diputaciones con competencias «propias, delegadas y distintas de las propias» y mantiene un régimen «mínimo de competencias» que solo podrá ser «ampliado» a partir de la aprobación de esta ley.
Así se considera que en los municipios de menos de 20.000 «la Diputación coordinará la prestación de los siguientes servicios: recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; limpieza viaria; acceso a los núcleos de población; pavimentación de vías urbanas y alumbrado público».
Extinción de incendios
También intenta blindar el Consell de Fabra las denominadas competencias transversales de las tres corporaciones provinciales como la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, así como la cooperación en el desarrollo económico y social y la planificación territorial.
Otras actuaciones que habitualmente prestan las diputaciones y que el actual Consell quiere que no estén en riesgos ante un hipotético cambio de gobierno son las tareas de prevención y extinción de incendios y que proporcionan empleo a un amplio número de brigadistas cada año que también realizan tareas de limpieza de cauces.
El plan del Consell también supondría en la práctica dejar a buen recaudo las tres instituciones donde el PPCV tiene más opciones de retener el gobierno , ya que en el caso de las elecciones autonómicas el voto provincial contabilizado por partidos judiciales penaliza mucho la dispersión y fragmentación del voto de izquierda. Así, podrían ejercer un papel de contrapeso a la Generalitat en caso de que los populares no retuvieran el Consell.
Por su parte, el objetivo de Ximo Puig es el inverso, ya que sabe de la dificultad existente para que el PSPV presida alguna de las tres diputaciones, por lo que intentaría disminuir desde su hipotético Gobierno autonómico el papel de los populares. Este anuncio contra las corporaciones provinciales ha provocado, no obstante, cierto malestar entre los 48 cargos que el PSPV ha situado en las tres diputaciones –entre diputados y asesores–, ya que se reparten cada año más de dos millones de euros en sueldos.
