El «defensor del pueblo» de Aragón costará otros dos millones este año
Se acelera el proceso de relevo al frente de esta institución, que se remonta al siglo XIII
El Justicia de Aragón, el equivalente en esta región al Defensor del Pueblo, costará este año otros dos millones de euros. Es el presupuesto que se ha aprobado para esta institución en torno a la que todos los partidos políticos con representación en las Cortes regionales vienen cerrando filas para seguir manteniéndola, pese a las sugerencias lanzadas en los últimos años desde el Gobierno central para que las autonomías se desprendieran de entidades que conviven con otras del mismo carácter y que funcionan para todo el Estado. En Aragón, el PP se ha negado sistemáticamente a plantear la supresión del Justiciazgo, algo en lo que hay consenso general entre los actuales partidos presentes en las Cortes regionales: PP, PSOE, PAR, CHA e IU. El carácter histórico de esta institución, ligada al Reino de Aragón, es el argumento principal para defender la continuidad de esta figura.
Desde fuera del Parlamento autonómico, solo UPyD ha pedido abiertamente que se «revise» esta institución y ha arremetido contra lo que considera que es su coste «desproporcionado» , teniendo en cuenta —argumenta este partido— que el Justicia «solo sirve para hacer recomendaciones, que en su mayor parte son ignoradas por el Gobierno de Aragón o los ayuntamientos».
Ligada al Reino de Aragón
La institución del Justiciazgo fue recuperada tras la implantación del sistema autonómico. Los partidos decidieron incluirla en el Estatuto de Autonomía como una de las altas instituciones de la región por su carácter histórico. Remonta sus orígenes a principios del siglo XIII, cuando surgió como figura de mediación entre el rey y los nobles.
Este año, el presupuesto asignado al Justicia asciende a 2 millones de euros, sufragados íntegramente por las arcas regionales a través de las Cortes de Aragón, que son de las que depende el Justiciazgo. El cargo del Justicia está retribuido con un sueldo anual de 71.174 euros, casi 7.000 euros más de lo que perciben los consejeros del Gobierno regional y poco menos del sueldo que tiene asignada la Presidencia de la Comunidad.
El Justicia cuenta con un equipo de técnicos jurídicos —más de diez— que son nombrados libremente como cargos de confianza. La lista del «personal eventual de gabinete» suma 825.107 euros en sueldos. Además, el Justiciazgo cuenta con una plantilla de funcionarios que suman otros 395.697 euros anuales en sueldos.
A esas cantidades hay que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que eleva el coste total de personal de la oficina del Justicia de Aragón hasta los 1,63 millones de euros anuales.
Sus funciones, según la legislación aragonesa, son básicamente tres: proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos frente a las actuaciones irregulares de las Administraciones Públicas: defender el Estatuto de Autonomía de Aragón; y tutelar el ordenamiento jurídico aragonés. Sin embargo, los pronunciamientos del Justicia no son de obligado cumplimiento. La Administración puede ignorar los pronunciamientos del Justicia sin que eso conlleve consecuencia legal alguna.
Ahora toca nombrar un nuevo Justicia de Aragón, tras el cese de Fernando García Vicente, que lleva en el cargo desde hace más de quince años. Los mandatos de quienes son nombrados al frente del Justiciazgo son de cinco años, pero caben prórrogas. En este caso, a García Vicente se le han otorgado dos. El pasado septiembre se abrió el proceso para buscarle sustituto y, mientras tanto, él sigue ocupando el cargo en funciones. El nombramiento del Justicia de Aragón le corresponde a las Cortes de Aragón, con los votos de las tres quintas partes de la Cámara —al menos 40 de los 67 diputados que conforman el Parlamento regional— y, en caso de repetirse las votaciones y no alcanzarse esa cifra, basta la mayoría absoluta —34 votos—.
Discrepancias
PP y PAR formalizaron ayer su propuesta: quieren que el nuevo Justicia de Aragón sea el magistrado Julio Arenere Bayo, actual presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Tiene 68 años y es natural de Mora de Rubielos (Teruel). La propuesta lanzada por PP y PAR —actuales socios de gobierno— ha generado controversia. Desde la oposición, CHA ha criticado que hayan lanzado su propuesta sin haber intentado un consenso previo con el resto de grupos políticos de las Cortes.
