El Consell facilita que el debate identitario entre de lleno en el 24-M
El último pleno del Consell del año 2014 se celebró ayer donde el Ejecutivo autonómico aprobó, entre otras cuestiones, el proyecto de ley de Señas de Identidad. El conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, dio cuenta de esta normativa que pretende poner el acento en las cuestiones que definen al pueblo valenciano en el ámbito histórico, arquitectónico, deportivo, cultural, gastronómico o lingüístico y que ha sido muy criticado por la oposición política.
Santamaría explicó que ya han aplicado las «correcciones» en el texto que les han recomendado el Comité Económico Social (CES) y el Consejo Jurídico Consultivo (CJC). El CES considera en su dictamen, no obstante, que la función de esta nueva legislación la podría cumplir el Consell Valencià de Cultura, algo que comparte alguno de los integrantes del CJC.
El conseller reiteró que el Consell Valencià de Cultura tiene sus ámbitos de actuación y que esta ley «va más allá». En cualquier caso, la aprobación por parte del Consell va a permitir que la ley se debata en las Cortes Valencianas antes de que finalice la legislatura y, por tanto, forme parte activa del debate electoral antes del próximo 24 de mayo.
La intención es que en ese trámite parlamentario «cada grupo político se manifieste claramente sobre lo que piensan que somos los valencianos», indicó Santamaría, en una clara alusión a que el PP meterá de lleno el debate identitario frente a las opciones de izquierda alineadas con las tesis culturales de Artur Mas.
Ley de Cámaras
De igual forma, el Consell aprobó ayer el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad cuyo objetivo es optimizar la estructura y funcionamiento de las cámaras, adaptándolo al contexto económico y jurídico.
El texto define a las cámaras como prestadoras de servicios empresariales fundamentales para mejorar la competitividad, la regeneración del tejido económico y la internacionalización de la economía.
Mantiene el actual modelo territorial –Alicante, Alcoy, Castellón, Orihuela y Valencia–, facilitando la «mayor capilaridad cameral en el territorio así como su integración para mejor funcionamiento de sus servicios».
Introduce la legitimidad democrática de sus órganos de gobierno mediante la elección directa de los vocales del pleno mediante el sufragio libre, igual, directo y secreto de todas las empresas de cada demarcación al menos en sus dos tercios. Y regula la posibilidad de crear comisiones de trabajo, asesoras o mixtas, para fomentar la participación de las empresas.
El Ejecutivo autonómico aprobó también un suplemento de crédito de 903 millones de euros para financiar operaciones derivadas de compromisos de gasto vinculados a servicios públicos fundamentales. Entre estos servicios destacan las prestaciones farmacéuticas del mes de diciembre, pago de productos sanitarios, reposición en hospitales y centros de salud, laboratorios, residencias de menores y centros de día.
Por último, la portavoz del Consell, María José Catalá, aprobó la licitación de la remodelación del área de Urgencias del hospital Clínico de Valencia por un importe de 1,7 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de doce meses.
