El juez exonera a Grau y al Ayuntamiento del caso Nóos y «reprende» al PSPV
Barberá pide la dimisión de Calabuig y éste anuncia que recurrirá. El juez sí abre juicio a Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado
El juez José Castro determinó ayer el sobreseimiento de las actuaciones en el caso Nóos para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, presidente de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FTVCB) quien estaba siendo investigado por acordar con el Instituto Nóos la celebración de los foros Valencia Summit, pagados con fondos públicos. En concreto, se analizaban las ediciones entre 2004 y 2006 por las que Nóos percibió 3,1 millones de euros de la FTVCB y también de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia.
A Grau le acusaba el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia por fraude a la Administración y por malversación continuada en concurso con prevaricación y con tráfico de influencias, y Manos Limpias, que solicitaba la misma pena por idénticos delitos y otro más de falsedad en documento por parte de funcionario público.
Los grupos de la oposición municipal, especialmente el PSPV que ejercía como acusación y pedía once años de prisión para Grau, han salido tocados de esta decisión que ahora tiene un efecto bumerán.
El archivo de las actuaciones para Grau, se ha hecho extensivo para el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel de la Villa y el ex director financiero de la Fundación Madrid 2016, Gerardo Corral. Los otros 17 imputados sí serán juzgados, entre ellos, los valencianos que trabajaban en diferentes ámbitos de la Administración autonómica como Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Al conocer esta decisión judicial Barberá mostró su «enorme satisfacción, alegría y emoción»y pidió la «dimisión absoluta» del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento y advirtió que de no hacerlo de manera inmediata «seguiré exigiéndolo todos los días». También anunció que estudiará «si hay que pedir algún tipo de reclamación al PSPV porque han estado perjudicando la imagen del vicealcalde y a lo mejor es motivo para ser indemnizado».
Lamentó la primera edil la «persecución constante» a Grau por parte del PSPV con el objetivo de «buscar un rédito electoral y político absolutamente desproporcionado al daño que han estado causando», lo que, a su juicio, «demuestra que no tienen límites».
El PSPV nunca se opuso
El portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, indicó por su parte que «nadie dimitirá por luchar contra la corrupción y seguiremos implacables con todos los medios que nos permita la ley». Por ello, Calabuig anunció que recurrirá el auto del juez del caso Nóos pese a que José Castro ya dejaba claro en su auto que contra su decisión no cabe recurso. La posición de Calabuig es delicada después de que el auto judicial sostenga que los socialistas nunca se opusieron a los contratos suscritos por FTVCB.
Es ésta, según Castro, «una fundación de interés público sujeta a las normas sobre contratación administrativa», aunque «ha venido siempre funcionando como entidad privada, incluso en sus relaciones contractuales, sin la oposición, al menos que se sepa, de ningún grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia, incluido quien en este momento ejerce la acusación».
Sobre los convenios con Nóos apunta que «la iniciativa en la gestión de los mismos siempre la ostentó Cacsa y que, aunque no se discute que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau le dio su beneplácito, ello aconteció en el seno de la Junta de Patronos».
La línea de defensa de Grau se ha impuesto así al atender el juez la solicitud de su letrado para que se archivara la causa para él, y que se le aplicara la doctrina Botín –por la que las acusaciones populares no estarían legitimadas para forzar la apertura de juicio oral en solitario–.
Este auto viene a confirmar la escalada en la judicialización de la política que la semana pasada llegó a su punto culminante con el anuncio del grupo Compromís de que va a acudir a la justicia para denunciar los Presupuestos de la Generalitat para 2015. algo inédito en la Comunidad.
