El juez cita a Sonia Castedo el próximo 16 de enero para declarar por el Plan Rabasa

Con dos meses de retraso debido al aplazamiento decretado por el juez tras recibir varios recursos a las escuchas por parte de la defensa, por fin hay fecha para que declaren los imputados por la pieza que investiga las supuestas irregularidades del Plan Rabasa.

Será el próximo 16 de enero en el caso de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, que abrirá un desfile por el juzgado de Instrucción en el que también participarán Enrique Sanus, gerente del área de urbanismo del Ayuntamiento; la jefa jurídica del departamento, Isabel Campos; y el empresario Enrique Ortiz. Estos lo harán el día 29 de enero en el caso de los funcionarios municipales, mientras que el constructor tiene cita para el día siguiente.

Así queda establecido en la providencia dictada ayer por Juan Carlos Cerón, titular de la sala que instruye la causa, incluida dentro del amplio Caso Brugal. Para ello se basa en un informe policial que analiza las escuchas telefónicas entre los imputados, tras lo que concluye que «existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz». Prevaricación y tráfico de influencias serían algunos de los presuntos delitos cometidos a la hora de abordar un plan urbanístico que prevé la construcción de 13.000 viviendas en el barrio alicantino que da nombre a la causa, así como la instalación de la multinacional Ikea en sus inmediaciones. El tono familiar detectado en las múltiples conversaciones mantenidas por el también controlador del Hércules Club de Fútbol tanto con la primera edil como con sus técnicos y la facilidad para acceder a ellos ha sido determinante a la hora de tomar la decisión.

En la providencia, Cerón también incluye los recursos de apelación presentados por algunos de los abogados defensores, entre los que se encuentra el de Castedo.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre el juez comunicó el sobreseimiento de la investigación a Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, y María Ángeles Ureña, antiguo alto cargo de la Conselleria de Urbanismo y hoy al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En una dura valoración del papel desempeñado por el Ministerio Fiscal y la Unidad de Blanqueo de Capitales en la investigación, Cerón aseguraba no hallar motivos para imputar a ninguna de las dos personas acusadas por los abogados de EU y PSOE. El magistrado argumentaba que no se indican los hechos por los debería declarar y que tampoco hacen mención alguna a datos que consideren relevantes del informe policial para llevar a declarar a quien fuera alcalde durante la realización de las grabaciones.

Durante todo este tiempo, Sonia Castedo se ha mostrado tranquila y segura de su inocencia, algo que ha repetido públicamente una y otra vez. Sin embargo, su doble imputación –la otra investiga en los mismos términos la concesión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)– la apeado de la concurrencia a las próximas elecciones en las listas del Partido Popular debido a las «líneas rojas» marcadas por Alberto Fabra, presidente de la Generalitat.