El Consell reorienta su actuación contra las injerencias catalanistas

El Consell ha desistido de remitir solicitudes al Ejecutivo que preside Artur Mas para que respete el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y se abstenga de practicar injerencias respecto a las señas de identidad. Entre ellas, la difusión de un calendario que sitúa el 24 de junio como «fiesta nacional de los Países Catalanes» que incluye la Comunidad Valenciana.

Ante la ausencia de respuesta a dichos requerimientos por parte de la Generalitat de Cataluña –la última misiva del Ejecutivo valenciano se envió el pasado mes de julio–, el Consell y el PP de la Comunidad Valenciana exploran otras vías, entre ellas el encaje jurídico para poder exigir al Gobierno catalán la referida «lealtad institucional», de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por este periódico.

De hecho, las invectivas de la Generalitat de Cataluña entroncan directamente con la importancia electoral del factor regionalista en la Comunidad Valenciana. Un caladero de votos en el que ha pescado el PP desde hace veinte años y hacia el que se pretende orientar parte de la estrategia para la campaña de los comicios autonómicos del próximo mes de mayo.

Al respecto, los populares no descartan aplicar en los Ayuntamientos donde gobiernen medidas drásticas en defensa de las señas de identidad y del Estatuto de Autonomía. De esa forma, se planteará la posibilidad de cambiar los nombres de la calles que todavía hacen alusión al País Valenciano por la denominación oficial de Comunidad Valenciana, como ya sucedió en el caso de la ciudad de Elche. En localidades como Torrent, en cambio, la permuta en el nombre de las calles se decidió a través de una consulta entre los vecinos.

El PP valenciano también se plantea vetar en los municipios cuyos consistorios gobierna las actividades de aquellas entidades que, a su juicio, fomentan el catalanismo en la región, como sucede en el caso de Acció Cultural o Escola Valenciana .

Además, el Consell reforzará sus tesis con la aprobación de la ley de Señas de Identidad, que será sometida a examen la próxima semana por el Consell Jurídic Consultiu (CJC). A partir de ahí comenzará, a principios de año, la tramitación parlamentaria de una norma que prohíbe las subvenciones públicas a entidades que no respeten el Estatuto de Autonomía , y que se aprobará con total seguridad antes de que finalice la actual legislatura.