El juez archiva la causa por el proyecto de Calatrava en Castellón
El juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por presuntas irregularidades en las contrataciones del Centro de Convenciones de Castellón, por la que resultaron imputadas siete personas, entre ex altos cargos de la Generalitat y el arquitecto Santiago Calatrava.
Para el instructor no resulta «debidamente justificada» la perpetración del delito pese a la existencia de indicios, debido a la falta de pruebas documentales. En el auto, critica la «falta de rigurosidad de la Administración» en la estipulación de los acuerdos y señala que «el simple despilfarro o la inadecuada gestión no son por sí mismos constitutivos de delito alguno», por lo que archiva la causa, conforme ya había solicitado la Fiscalía.
Admite la «indiscutible» voluntad por parte de la Generalitat Valenciana, a través de la Empresa Pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), de contratar con Calatrava para que éste proyectase una «emblemática» edificación en Castellón. En total, el Consell pagó al arquitecto 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro, que nunca llegó a construise.
La SPTCV, sin embargo, parece que no tenía «ni voz ni voto» en las cuestiones relevantes según el juez, aunque tampoco ha podido acreditarse quién lo tenía. Así, muestra su «perplejidad» de que no exista documentación alguna sobre el modo en el que se llevó a cabo una negociación sobre una edificación cuyo coste inicial era de 60 millones de euros, y de que el contrato tenga una extensión que no supera los diez folios.
El contratista recibió un nuevo plan de necesidades «supuestamente del Ayuntamiento de Castellón» que casi triplicaba el coste del edificio. Pese a ello, hasta la fecha ningún representante de la SPTCV ni del consistorio «han arrojado luz» sobre esta solicitud, por lo que el instructor entiende que la Sociedad asumió el contenido de estos nuevos requisitos al remitirlos al despacho de Calatrava.
Responsabilidad política
Considera «indiscutible» también la actuación durante este proceso de «entes políticos» que además modificaron lo inicialmente pactado, pero no ha podido precisarse quiénes fueron porque ningún imputado ni testigo lo ha indicado. El auto destaca, aun así, la llamada que realiza el expresidente de la Generalitat Francisco Camps al arquitecto, en la que «parece apoyar la propuesta de edificación remitida por el Ayuntamiento» y le pide que el edificio tuviera «especial relevancia» en esta línea.
A la presentación de dicha propuesta, que implicaba un gasto de cien millones en una primera fase, acudieron Camps, el entonces alcalde de Castellón Alberto Fabra, y el que fuera conseller de Hacienda, Gerardo Camps, entre otros. Para el magistrado, todos ellos «tuvieron conocimiento de las dimensiones que estaba alcanzando el proyecto».
En esta causa figuraban como imputados, además del arquitecto Santiago Calatrava y su mercantil Santiago Calatrava GMBH, los entonces directores de la SPTCV, Eusebio Monzó (destituido por el jefe del Consell en virtud de su «línea roja») y Nicolás Figueres; el director de la oficina de Calatrava en Valencia, Fernando Benzo; el técnico Ignacio Javier de Diego; la exdirectora de Grandes Proyectos de la Generalitat, Cristina Morató; y Javier Manso.
El arquitecto mostró ayer su satisfacción por el sobreseimiento, «con el que se demuestra la legalidad de la contratación del despacho de Calatrava», y acusó a EUPV –que se encontraba personada– de usar su imagen con «fines claramente electoralistas».
