EU «peina» las facturas en busca de errores que motiven imputaciones

El afán por conseguir imputaciones que eviten la concurrencia de cargos políticos a las próximas elecciones valiéndose de las «líneas rojas» marcadas por Alberto Fabra se ha convertido en una auténtica obsesión por parte de Esquerra Unida (EU). Una sobre- fiscalización que, según se denuncia desde el Partido Popular, está provocando numerosas trabas y generando una sensación de acoso que en muchas ocasiones impide el correcto ejercicio de la gestión pública.

Así lo corrobora la oleada de solicitud de expedientes y documentación sobre la legislatura solicitada en el último mes en múltiples poblaciones de la Comunidad, con Elda, Villajoyosa, Elche o San Vicente del Raspeig entre las más recientes.

Precisamente es este último uno de los más llamativos, debido a la inspección exhaustiva a la que se está sometiendo a José Juan Zaplana. El concejal de Presidencia y portavoz del partido en la localidad alicantina, cargo que compatibiliza con la secretaría general de los populares en la provincia, ha entregado recientemente varias cajas con todas las facturas físicas –no han aceptado las electrónicas– que en los últimos tres años y medio ha firmado en su área. Algo que desde dentro del partido es considerada una clara estrategia para intentar encontrar irregularidades de cualquier tipo con la única intención de que sean aceptadas a trámite por un juzgado. Si bien muchas de ellas podrían quedar fuera de lo considerado como corrupción, se conseguiría una imputación que en el peor de los casos dejaría fuera de la circulación al investigado.

Desde el Partido Popular no existen dudas de que se trata de maniobras orquestadas por la cúpula de EU para desestabilizar y generar zozobra, amparándose además en la lentitud de la justicia debido a su gran carga de trabajo. Sin embargo, llama la atención la doble vara de medir de la formación de extrema izquierda a la hora de establecer los derechos y obligaciones de los gobiernos: mientras no dudan en exprimir su capacidad fiscalizadora, niegan esa posibilidad en los ayuntamientos que gestionan. Así ha ocurrido por ejemplo en Buñol (Valencia), donde el ya imputado Joaquín Masmano llegó a bloquear 50 expedientes para su examen alegando que ello provocaría parálisis en la gestión municipal. Idéntica situación se da en consistorios como Alcoy, Benidorm, Alfaz del Pi, Rafal, Benferri y Los Montensinos, en los que el PSOE utiliza argumentos similares.

A la estrategia llevada a cabo por EU y PSOE en no pocos ayuntamientos no le falta fundamento, debido a la dilación excesiva que se están dando en algunos consistorios. El caso más paradigmático es el de Alicante, donde tanto la alcaldesa, Sonia Castedo, como su vicealcalde, Andrés Llorens, han quedado fuera de la candidatura por su situación judicial.

Mientras la primera continúa a la espera de poder dar las explicaciones pertinentes acerca de su vinculación con el constructor Enrique Ortiz y el papel desempeñado en la tramitación del PGOU y Rabassa-Ikea, el segundo –considerado el sucesor natural de la todavía primera edil y así posicionado por ella misma en concejalías estratégicas para hacer campaña– atraviesa una situación parecida. Su imputación por las irregularidades administrativas en la concesión de las obras de reforma de la plaza de Magallanes continúa anquilosada.

Esto ha motivado que en las últimas semanas su procuradora se haya dirigido por segunda vez al juzgado de instruccion para protestar por el hecho de que la instrucción se esté demorando cuatro años y denunciar «el vicio de ilegalidad constitucional y ordinaria en el que se está incurriendo y que tiene como resultado una pena mediática» para Andrés Llorens.