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El PSOE de Benidorm ignora el código ético de Pedro Sánchez y adjudica seis obras sin concurso

Agustín Navarro convoca en dos meses varios procedimientos sin publicidad para otorgar «a dedo» contratos por valor de 700.000 euros

El PSOE de Benidorm ignora el código ético de Pedro Sánchez y adjudica seis obras sin concurso ABC

J. L. FERNÁNDEZ

El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, no ha dudado en saltarse las directrices de su partido , el PSOE, en lo que a contratación de obras y servicios se refiere. Mientras que en su «Declaración de Valencia», titulada «Por una democracia limpia», se aboga por una « reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad », Navarro formalizará nada menos que seis contratos en dos meses por esta vía.

El importe global de esta media docena de trabajos para el Ayuntamiento asciende a 700.000 euros, un coste que se podría reducir sensiblemente convocando públicamente a más empresas para que pujen y oferten precios más ajustados. Así lo denunció ayer el concejal no adscrito (ex del PSOE), Juan Ángel Ferrer. «No podemos seguir beneficiando siempre a las mismas empresas y bloqueando la libre concurrencia», criticó Ferrer, sin ocultar que esta fórmula es perfectamente legal. Cuando se trata de servicios por un presupuesto inferior a 60.000 euros o de obras por debajo de 200.000 (sin IVA), la legislación lo permite, si bien tampoco obliga a hacerlo sin publicidad, tal como matizó el concejal.

Aunque su recuento de estos contratos se limita a los meses de octubre y noviembre, Ferrer aseguró que el equipo de gobierno del socialista y, en concreto, su concejal Miguel Llorca (del grupo Liberal, socio del PSOE) «repite los concursos sin publicidad de forma habitual» y se ha convertido en un «subterfugio», en su opinión, «una triquiñuela legal para invitar a que solo tres empresas presenten sus ofertas, y que sean «las mismas las que habitualmente se adjudiquen los contratos».

El concejal Llorca justificó esta forma de actuar, en el caso de los últimos seis procedimientos, porque «los presupuestos se aprobaron a finales de agosto y si se convocara un concurso público no habría tiempo suficiente para realizar todos los pasos antes de finalizar el año», y defendió que estas adjudicaciones son perfectamente legales –algo que nadie había puesto en duda, aunque el procedimiento negociado sin publicidad se plantea como una excepción a la norma–.

No obstante, esta política contrasta con el espíritu que han pretendido transmitir desde la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en el citado manifiesto firmado el pasado 5 de noviembre en Valencia ( para señalar a la Comunidad como «paradigma» de la corrupción ), que incluye un anexo de «Propuestas del grupo parlamentario socialista en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción» en el que se alude a la modificación de la Ley de contratos del sector público. Navarro hace justamente lo contrario.

Un ahorro del 20%

Más allá de consideraciones éticas, dar publicidad de estos procedimientos antes de adjudicarlos casi en secreto redunda en un ahorro de aproximadamente el 20% del coste para las arcas públicas, por la competencia entre aspirantes, según Ferrer.

Por esta razón, instó al alcalde a que en lo sucesivo difunda «al menos en la web municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» todos estos contratos con independencia de su cuantía. De lo contrario, le acusó de «seguir empecinado en el oscurantismo, en el clientelismo y en la falta de transparencia».

No es la primera ocasión en que desde la oposición se le reprocha al equipo de gobierno socialista su criterio a la hora de encargar servicios o realizar compras de bienes para Benidorm, con frecuencia a empresas de fuera, por ejemplo, trofeos deportivos en Albacete o pancartas en Badajoz.

También se conoció hace unos meses que el Ayuntamiento pagaba hasta cinco veces más caras del precio de mercado en un vivero cualquiera las plantas para renovar las jardineras en algunas calles. Y otro de los casos más escandalosos se refería al gasto de 20.000 euros en cintas adhesivas para balizar destinadas al uso por parte de la Policía Local.

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