Fabra elige a Juan Ferrer para relevar al imputado Ripoll en el puerto de Alicante
El Consell apuesta por una solución continuista al designar al que ha sido director de la terminal desde 2004El PPCV aplica su «línea roja» tres años después y aparta al exdirigente del PP alicantino, implicado en el Caso Brugal
Juan Ferrer sustituirá a José Joaquín Ripoll al frente del Puerto de Alicante. Así lo anunció ayer Alberto Fabra, jefe del Consell, en una decisión esperada desde hace tiempo pero apla- zada en los últimos días por una cuestión de tiempos políticos.
El elegido es buen conocedor de la terminal alicantina. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, recaló en la capital de la Costa Blanca para asumir su dirección técnica en 2004, procedente del área de Puertos y Costas de la Generalitat –donde ocupó el mismo cargo entre 2001 y 2004–. Durante más de una década ha permanecido en su puesto a pesar de los cambios en la presidencia del puerto. Así, ha sido hombre de confianza de Mario Flores –ya sonó como su sustituto al convertirse éste en conseller–, Sergio Campos, Miguel Campoy y finalmente José Joaquín Ripoll.
Su elección supone la aplicación de las «líneas rojas» marcadas por Fabra, pero al mismo tiempo hacerlo con una opción continuista. La Generalitat apuesta por un especialista en el puerto y cumple así con su intención de orientar el cargo hacia un perfil técnico, y lo hace sin romper de forma abrupta con la anterior etapa.
Sí relega definitivamente a José Joaquín Ripoll, una semana más tarde de lo previsto. Y lo hace sin aplicar por el momento la «línea roja» a su homólogo valenciano, Rafael Aznar. Fabra manda así un mensaje diferenciador entre la situación del primero, imputado en el caso Brugal por cinco delitos –cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a autoridades públicas–, y la del segundo, recientemente requerido por el juzgado de instrucción número 14 de la capital del Turia para estudiar presuntas irregularidades en la gestión del puerto de Valencia.
La continuidad del que ha sido desde julio de 2011 presidente del puerto alicantino, que antes lo fue del PP y de la Diputación de Alicante –hasta 2011, cuando fue relevado por Miguel Ortiz en el partido y Luisa Pastor en la institución–, era ya insostenible. Si bien llegó al cargo ya imputado, la presión regeneracionista dentro del partido y los distintos escándalos de los que ha seguido siendo protagonista por su discutida gestión terminaron por hacer saltar las alarmas en Madrid. Así lo avanzó ABC, que hace unas semanas –y tras desvelar en exclusiva sus oscuras maniobras para conceder la gestión del faro de Tabarca a una empresa privada– daba cuenta de cómo el Ministerio de Fomento apremiaba a Fabra para que Ripoll no continuara ni un segundo más en el cargo. Una directriz trazada desde hace tiempo, pero que en el último mes, y tras unirse el caso de Aznar, se convirtió en ultimátum.
Imagen de la corrupción
Convertido en ejemplo recurrente de político implicado en una causa por corrupción, Ripoll logró recalar en el puerto tras quedar apeado de la Diputación provincial (institución que presidía desde 2003), como parte de un acuerdo a múltiples bandas entre Génova, el entonces recién nombrado presidente del PPCV Alberto Fabra y el propio Ripoll para ofrecer una salida airosa a un dirigente histórico del partido. Así se evitaba la imagen de un presidente provincial del PP apuntándose a las listas del paro –después de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lo dejase sin atribuciones y sin sueldo en el Consistorio alicantino– y se ofrecía una «salida digna» a Ripoll a cambio de renunciar a su acta municipal y a la presidencia provincial del partido. El acuerdo, no obstante, suponía desde hace tres años una importante disfunción en la política de tolerancia cero con la corrupción de la que hace gala Fabra.
Tres décadas en política
Arquitecto de profesión, Ripoll entró en política en las filas de UCD como concejal en el Ayuntamiento de Alicante (1987-1991) antes de convertirse en senador en 1993. De la mano de Eduardo Zaplana llegó primero al Consell –del que fue vicepresidente– y luego a la presidencia de la Diputación de Alicante (2003-2011) y del PP en la provincia. En 2010 la Policía lo detenía en el marco del Caso Brugal, acusado de amañar la adjudicación de un plan de residuos, lo que supuso el inicio de su declive: repescado en la Autoridad Portuaria de Alicante, hoy se pone fin a su trayectoria pública.
