La exdirectora de Grandes Proyectos atribuye a Hacienda la decisión de pagar a Calatrava

Un nuevo ex alto cargo de la Generalitat apunta a sus «superiores» como responsables de las contrataciones del centro de Convenciones de Castellón, cuyas supuestas irregularidades están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción 5 de Castellón.

En este caso se trata de la que fuera directora de Grandes Proyectos, Cristina Morató, quien ayer declaró en calidad de imputada y apuntó que la decisión política de pagar a Santiago Calatrava los 1,3 millones de euros correspondientes al coste del proyecto básico fue de Gerardo Camps, entonces conseller de Economía y Hacienda, y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), según aseguraron fuentes conocedoras del proceso.

Durante su comparecencia de más de una hora y en la que declinó responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Esquerra Unida, siguió la línea del exdirector general de SPTCV Nicolás Figueres al asegurar que podía prosperar «una posible demanda de Calatrava» en caso de no abonar los honorarios al arquitecto –cifrados en 2,7 millones de euros por el diseño, aunque el edificio no llegó a materializarse–, lo que finalmente se realizó «por asesoramiento de los técnicos y los abogados de la Conselleria y de la Sociedad».

Morató ha sido la última persona en declarar en calidad de imputada, quedando prevista ahora la comparecencia de un arquitecto del Ayuntamiento de Castellón como testigo, tras lo cual el juez deberá resolver el caso, lo que muy probablemente se produzca antes de Navidad.