Les acusan de no facilitar documentación, pese a que no han ido a consultar casi el 50%
EU denuncia a cuatro consellers y al delegado del Gobierno
La judicialización de la política por parte de la oposición sigue encaminando la legislatura hacia la parálisis de la Administración autonómica y la de Justicia. Esquerra Unida va a la cabeza en la estrategia de utilizar la vía judicial y ayer su portavoz y candidato, Ignacio Blanco, y la coordinadora general, Marga Sanz, acudieron a la Ciudad de la Justicia de Valencia para presentar una querella en el juzgado de guardia contra los consellers José Císcar, María José Catalá, Isabel Bonig y Máximo Buch, además del ahora delegado del Gobierno, Serafín Castellano, por vulnerar el derecho a acceder a la información pública. La querella está amparada en el artículo 542 del Código Penal y contempla penas de inhabilitación para cargo público de uno a cuatro años.
Blanco explicó que Esquerra Unida ha logrado dieciocho sentencias favorables esta legislatura contra la negativa de varios miembros del Consell a facilitar información solicitada por la coalición. Una de las denunciadas, la consellera portavoz, María José Catalá, recordó que esta legislatura es la de la «transparencia parlamentaria» porque nunca antes se habían atendido tantas peticiones de los grupos representados en las Cortes.
Hasta el momento se han atendido entre preguntas contestadas, interpelaciones, comparecencias de altos cargos del Consell y entrega de documentación un total 55.973 peticiones de los grupos parlamentarios (un 80% más que la anterior legislatura).
El grupo parlamentario de EU tiene pendiente de recoger el 45,5% de la documentación que las Consellerias han puesto a su disposición. Durante esta legislatura, ha presentado 404 solicitudes de información al Consell y ha dejado de recoger, revisar o consultar 187 peticiones.
«Necesitan notoriedad»
Por este motivo, Catalá añadió que la querella es ante todo «política» y se debe a la necesidad de «notoriedad ante la posible pérdida de votos que padece su partido». Llevar la política a la puerta de los juzgados demuestra, según Catalá, «lo lejos que está este candidato de trabajar por solucionar los problemas de los valencianos».
