La «línea roja» en los puertosFabra ultima con Fomento la destitución de Ripoll y Aznar
La imputación del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia precipita el relevo también en Alicante
eL presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya ha tomado la decisión de destituir a los actuales presidentes de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll. Ambos dirigentes, como ha venido informando este periódico, están imputados en sendos casos de presunta corrupción. El jefe del Ejecutivo autonómico considera que la situación que atraviesan los dos mandatarios ha llegado a un punto sin retorno, y prevé aplicar su «línea roja» contra la corrupción. Una doctrina que, en el caso de los cargos de libre designación –como sucede con los presidentes de puerto– supone la destitución inmediata de aquellos que sean imputados por presunta corrupción.
Así se lo ha trasladado ya Fabra al Ministerio de Fomento, del que dependen las autoridades portuarias –aunque la potestad para el nombramiento del presidente se cede al Gobierno autonómico–, tras el punto de inflexión de este jueves, cuando trascendió la imputación de Aznar. El presidente del puerto de Valencia fue denunciado por la Fiscalía por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
En una semana
La competencia de designar a los presidentes de los puertos de interés general está cedida a las autonomías, y Fabra ya ha dejado claro que, en el caso de alcanzar un acuerdo con Fomento –relativo al nombre de los sustitutos, no a la necesidad de un relevo–, Alicante y Valencia tendrán nuevos dirigentes la próxima semana. De hecho, conforme avanzó ABC en su edición del pasado 21 de octubre, el Ministerio de Fomento ya había apremiado al presidente de la Generalitat a resolver cuanto antes la situación del presidente del puerto de Alicante, imputado por cinco delitos de corrupción relacionados con su gestión al frente de la Diputación alicantina, en el marco de la rama principal del Caso Brugal.
Fabra, en realidad, estaba a la espera de que la situación procesal de Ripoll experimentase algún avance –el expresidente provincial lleva imputado desde el verano de 2010, al dilatarse la instrucción por la complejidad del caso y el elevado número de implicados– para aplicar su «línea roja», dado que el presidente del puerto de Alicante se había convertido en toda una excepción a la norma por las condiciones en las que llegó al cargo.
Excepción a la «línea roja»
Ripoll logró recalar en el puerto de Alicante en 2011, tras quedar apeado de la Diputación provincial (institución que presidía desde 2003), como parte de un acuerdo a múltiples bandas que permitía a Génova y al por entonces recién nombrado presidente del PPCV, Alberto Fabra, salvar los muebles en varios frentes: de un lado, se evitaba la imagen de un presidente provincial del PP apuntándose a las listas del paro después de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lo dejase sin atribuciones y sin sueldo en el Consistorio alicantino. De otro, se ofrecía una «salida digna» a Ripoll a cambio de renunciar a su acta municipal y a la presidencia provincial del partido. Y por último, se cumplía el compromiso que adquirió con Génova antes de las elecciones el expresidente del PPCV Francisco Camps, quien se avino a ofrecer a Ripoll una alternativa a cambio de laminarlo en la Diputación.
Como resultado de este acuerdo, no obstante, viene produciéndose desde hace tres años una importante disfunción en la política de tolerancia cero con la corrupción de la que hace gala Fabra. Ripoll, imputado por corrupción, debería haber sido destituido –como ha sucedido con todos los altos cargos del Consell que se han visto en la misma situación–. Pero paradójicamente el mandatario llegó al puerto cuando ya cargaba con la imputación por cinco delitos en el marco del Caso Brugal, una macrocausa que sigue encallada en los juzgados de Orihuela.
Curiosamente, aunque la situación procesal de Ripoll no se ha movido en los últimos meses, la imputación de Rafael Aznar permitirá precipitar los acontecimientos. Dado que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia tendrá que someterse a la doctrina de la «línea roja» y ser destituido tras su imputación por presuntas irregularidades en la terminal, Fabra tiene ya base para hacer lo propio con Ripoll.
Relevos
Como publicó ayer ABC, el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha citado a Rafael Aznar para declarar en calidad de imputado –junto a otros dos directivos y un trabajador de la entidad– el próximo 3 de diciembre. La defensa del presidente de la Autoridad Portuaria, no obstante, considera que la providencia no supone imputación, porque el escrito no detalla los delitos por los que se le investiga. La Fiscalía denunció en su día los presuntos delitos de malversación y prevaricación en la Autoridad Portuaria, tras recibir una denuncia anónima en julio de 2013.
La consellera portavoz, María José Catalá, confirmó ayer tras el pleno del Consell que el Ejecutivo autonómico y Fomento llevan tiempo «valorando» la conveniencia de apartar a Ripoll. Ahora, la imputación de Aznar «requiere» de que en los próximos días se tome una decisión al respecto sobre los dos presidentes de Autoridad Portuaria. «La postura del Consell respecto de la corrupción es conocida en lo que respecta a los puestos que dependen de la Administración autonómica», recordó Catalá, quien no obstante matizó que en caso de los puertos la decisión debería tomarse conjuntamente con el Ministerio.
En cuanto a los posibles relevos, para el puerto de Alicante vienen sonando la que fuera eurodiputada del PP Eva Ortiz, o el diputado autonómico Juan de Dios Navarro. También se ha especulado con la posibilidad de volver a situar al frente de la terminal al diputado nacional y exconseller Mario Flores, quien ya la presidió entre 1996 y 2007. En el caso de Valencia, si finalmente se destituye a Aznar, uno de los nombres que se perfila como sustituto es el del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata.
