POLÍTICA
Génova avala la «línea roja» de Fabra con Castedo y el resto de imputados
Cospedal garantiza, preguntada por Alicante, que los cargos inmersos en causas judiciales no serán candidatos
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, recibió ayer el apoyo explícito de María Dolores de Cospedal, quien mostró enérgicamente su adhesión a la política de «líneas rojas» defendida desde un principio por el jefe del Consell. Hace solo unos meses la secretaria general del PP era partidaria de estudiar los matices que pudieran haber llevado a la imputación a los cargos de su formación, antes de decidir si podían concurrir o no a las próximas elecciones. Ayer, tras la reunión del Comité de Dirección, manifestó rotundamente que no habrá afiliados inmersos en causas judiciales en sus candidaturas.
Lo hizo precisamente al ser preguntada por Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante y doblemente imputada por el Caso Brugal , quien se llevó la peor parte en lo que se puede interpretar como su sentencia política. «Ninguna persona imputada por delitos graves será candidata del partido en próximas elecciones», aseguró Cospedal al referirse a la primera edil de la capital de la Costa Blanca, para quien el tiempo corre rápidamente en su contra sin que parezca viable que se produzca un sobreseimiento a tiempo que la libere de su pesada carga judicial.
Es más, desde dentro del propio partido no se entiende que se prolongue una situación que para la mayoría tiene un desenlace claro a pesar del daño que está provocando en términos de imagen para la formación. Así lo dejó claro José Císcar, presidente del PP en la provincia de Alicante, quien en unas declaraciones a la Cadena Ser manifestó que de ser él Sonia Castedo se iría «a su casa», a la vez que aseguró que «ella conoce que, con su situación, no puede ser candidata del partido a las próximas elecciones».
Con matices
Eso sí, Cospedal matizó que no se puede comparar una imputación con un ingreso en prisión, como ha ocurrido con el presidente de la Diputación provincial de León, Marcos Martínez, implicado en la Operación Púnica. «Un ingreso en prisión preventiva no se puede comparar a otras cosas», afirmó, para agregar después que todos los casos no se pueden tratar igual por una cuestión de «pura equidad».
Mientras tanto, las quinielas para la sucesión de Castedo circulan activamente en los mentideros políticos. Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social y exedil; Luis Barcala, concejal de Sanidad y Medioambiente; y Carlos Castillo, concejal de Fomento y Empleo, son los nombres que con más fuerza y por ese ordensuenan. También hay quien apunta a una alternativa a salvo del desgaste sufrido por el actual gobierno municipal pero con peso político. Sería Alberto Martínez, actual subdelegado del Gobierno y con buen cartel en Madrid y en Valencia.
Mientras tanto, al PPCV se le abre otro frente en la localidad castellonense de Segorbe, donde el juez ha decidido tomar declaración como imputado al alcalde, Rafael Calvo , y a la totalidad de su equipo de gobierno. Entre ellos se encuentra el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón y secretario general del PP en la provincia, Miguel Barrachina. Todos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa o desobediencia a la autoridad judicial.
Cuatro meses después
Además, el director de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), Enrique Simó, imputado en una causa abierta por malversación , presentó el viernes su dimisión del cargo, según anunció ayer la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. Simó fue detenido y puesto en libertad el pasado mes de junio, en una causa instruida en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia. Igual que el exresponsable de Vaersa, Felipe Espinosa, quedó en libertad con obligación de comparecencia.
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