POLÍTICA
Puig construye su modelo local con cargos del PSPV imputados y procesados
El líder de los socialistas valencianos confía el poder municipal al alcalde de Benidorm y el exalcalde de Gandía, ambos con problemas judiciales
El secretario general del PSPV y candidato a la Generalitat el próximo mes de mayo, Ximo Puig , vive en una permanente contradicción entre el discurso y la acción política en lo que a la corrupción se refiere. Mientras exige responsabilidades políticas al PPCV y a su presidente, Alberto Fabra, un día sí y otro también por los casos judiciales que salpican a algunos de sus cargos, ignora o resta importancia a los que afectan de lleno a los principales dirigentes del partido del puño y la rosa.
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Es más, los dos principales referentes en los que se ha basado Ximo Puig para construir el modelo de gestión local del PSPV, José Manuel Orengo y Agustín Navarro , están inmersos de lleno en causas judiciales por presunta corrupción. El primero está a un paso del juicio oral por prevaricación, al firmar durante su etapa como alcalde de Gandía créditos nuevos y refinanciaciones por valor de 50 millones de euros, sin contar con el preceptivo visto bueno de Hacienda. El segundo, alcalde de Benidorm y candidato ratificado en 2015 para intentar retener la Alcaldía –a la que llegó como tránsfuga en 2009–, sigue imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias por «enchufar» a casi medio centenar de amigos, familiares y militantes del PSOE y de los sindicatos de clase.
Modelo de gestión socialista
Pese a todo, Orengo y Navarro siguen siendo dos de los pesos pesados en el organigrama del PSPV de Ximo Puig. El primero, como secretario de Relaciones Institucionales de la ejecutiva de Blanquerías –lo que en la práctica le convierte en el «número tres» del partido, máxime cuando el vicesecretario, Francesc Romeu, está totalmente marginado de la dirección–, y el segundo, como principal referente municipal. El propio Ximo Puig ha puesto al alcalde de Benidorm en varias ocasiones como modelo de la gestión municipal que quiere llevar a cabo el PSPV a partir de 2015.
El propio José Manuel Orengo, que ya estaba imputado en ese momento, se desplazó a Benidorm hace unos meses –el pasado 24 de junio– para «ungir» a Navarro, también imputado, como candidato a la reelección. En plena efervescencia de las primarias, y mientras el PSPV vendía como el paradigma de la democracia interna su sistema para elegir a los alcaldables, los dos colaboradores de Puig escenificaban en la ciudad de los rascacielos la imposición «a dedo» de Navarro.
«Enchufismo» en Benidorm
El alcalde de Benidorm, que tras la pérdida de Elche en las elecciones de 2011 se quedó como el principal referente municipal del socialismo valenciano –a pesar de gobernar en minoría y gracias al apoyo de la expopular Gema Amor, ahora al frente de los Liberales de Benidorm–, fue denunciado en octubre de 2013 por la Fiscalía, tras recibir un escrito y abundante documentación de un sindicato local, en la que se alertaba sobre la contratación «a dedo» o en oposiciones orientadas de varias decenas de afines, parientes o militantes del PSOE. El juez abrió diligencias y, el pasado 5 de marzo el munícipe socialista declaró ante la juez imputado por tres presuntos delitos: malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La causa ha avanzado poco hasta la fecha, pero Navarro mantiene su condición de imputado. Pese a ello, Blanquerías no ha dudado en situarlo como candidato en las próximas municipales –en clara contraposición a la postura del PPCV, que ha cerrado las puertas de las candidaturas a aquellos militantes que tengan problemas con la Justicia–. Como publicó ABC, el alcalde ha pactado con el PSPV repetir una vez más como alcaldable y luego, con independencia del resultado, «retirarse» como senador territorial.
Prevaricación en Gandía
En cuanto a Orengo, el juzgado de Instrucción número 1 de Gandía lo procesaba el pasado viernes, junto con la exteniente de alcalde de Economía y Hacienda Ana García, por contratar créditos por 18.800.000 euros sin permiso de la Conselleria de Hacienda , y por refinanciar otros 32.974.516,39 euros. El auto de incoación de procedimiento abreviado da un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal y al resto de acusaciones para pedir la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa, en la que estima que podría haberse cometido un delito de prevaricación.
El procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta el 20 de febrero de 2014 por el actual alcalde de Gandía, Arturo Torró, en representación del Ayuntamiento. Durante los años 2009 y 2010, sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de la Conselleria, el Consistorio concertó a través de Orengo y García diferentes operaciones financieras a pesar de los informes desfavorables tanto del Interventor como del Secretario de la Corporación.
En el caso de Orengo, que sigue siendo portavoz de la oposición en Gandía, tampoco el PSPV ha dado muestras de pretender apartarlo de su responsabilidad orgánica en Blanquerías –relacionada precisamente con la organización municipal de la formación–, y se da por descontado que en 2015 se integrará en la candidatura autonómica a las Cortes por la provincia de Valencia.
