Procesan al «número tres» del PSPV por firmar créditos sin permiso de Hacienda
Puig apartará a Orengo solo en el caso de que se abra juicio oral
José Manuel Orengo se encuentra a un paso del banquillo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha decidido procesar al exalcalde de esta localidad por un supuesto delito de prevaricación en la firma de créditos en 2009 y 2010 por valor de 51,7 millones sin la preceptiva autorización administrativa de la Generalitat.
Según el auto hecho público ayer, se acuerda la continuación de las diligencias previas sobre esta causa y se abre un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas soliciten apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento.
El documento refleja que, durante los años 2009 y 2010, el Ayuntamiento de Gandia concertó a través del vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV y diputado provincial y la delegada de Economía una serie de préstamos con varios bancos, a pesar de los «reparos de legalidad» del interventor y del secretario municipal.
Estos últimos opinaban que no se daba cumplimiento a la legalidad, al no haber obtenido el permiso de la Conselleria de Economía y al no constar la aprobación del Plan de Estabilidad Financiera (PEF) por parte de la administración de tutela financiera.
El juez instructor considera que esos hechos pueden revestir «por ahora y a salvo de ulterior calificación» por parte del Ministerio Fiscal o de la acusación particular los caracteres de un delito de prevaricación administrativa, que consiste en dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
«Dentro de la legalidad»
Orengo defiende, sin embargo, que actuaron en todo momento «dentro de la más estricta legalidad, frente a una Generalitat que intentaba ahogar financiera y políticamente al Ayuntamiento».
El origen de la causa es una denuncia presentada el pasado febrero por el actual alcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), contra Orengo y la delegada de Economía y Hacienda –en ese periodo Ana García– por supuestas irregularidades en préstamos bancarios que firmaron. El consistorio anunció ayer que presentará escrito de acusación, donde añadirán a los préstamos firmados por Orengo y García los que hicieron a través de la empresa IPG, por 7,6 millones de euros. Además, pidió que el PSPV expulse a los dos concejales imputados.
Los socialistas, por su parte, siguen manteniendo a Orengo en su puesto como secretario de Relaciones Institucionales desde que fue imputado el pasado mes de mayo. Una actuación que contrasta con las peticiones al PP de apartar a todos aquellos a los que se encuentre indicios de delito. De hecho, no parece que vayan a tomar medidas hasta la apertura del juicio oral, en cuyo caso, aseguran que «será apartado de todos sus cargos». Por ahora, únicamente recurrirán el auto.
