El Consell prohíbe las ayudas a actividades que desprecien las señas de identidad
La Generalitat respeta la potestad de la AVL en materia filológica pero le deja fuera del Observatorio que decidirá qué subvenciones no cumplen con la Ley
Rara vez un gobierno autonómico se adentra en la defensa legal de las señas de identidad del pueblo al que representa. De hecho, el que preside Alberto Fabra es el primer Ejecutivo autonómico que blinda legalmente lo reflejado en el Estatuto de Autonomía.
El conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, confirmó que son los primeros pero también recordó que un Gobierno «debe blindar las señas de identidad de su región en todo momento». El momento político de desafío secesionista en Cataluña, con réplicas en los partidos de la izquierda valenciana, aconsejó ese movimiento de los populares valencianos, que Santamaría ha ejecutado.
El pleno del Consell fue informado por el titular de Gobernación y Justicia del borrador de la futura Ley de Señas de Identidad, que no se centra exclusivamente en el ámbito lingüístico aunque sí es ahí donde se genera la principal polémica. La pertinaz actitud de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) en mantener su definición de la lengua valenciana en contra de lo que marca el Estatuto de Autonomía es el foco de la discrepancia.
La ley que Santamaría fue desgranando contempla la creación de un Observatorio sobre las señas de identidad y entre sus miembros no estará la AVL. Por contra, estará la Real Academia de Cultura Valenciana, que siempre ha ejercido una férrea oposición ideológica a la labor desarrollada por la entidad normativa.
El Observatorio elaborará dictámenes y tendrá entre sus misiones «vigilar» si algún acto para el que se pida subvención pública «atenta contra las señas de identidad» del pueblo valenciano. En este punto, Santamaría quiso incidir en que la ley no es lingüística y aseguró que el Consell no se «inmiscuirá» en las competencias filológicas de la AVL.
Eso sí, el texto previsto en el borrador de la ley especifica en su artículo séptimo que el valenciano es «la lengua propia e idioma oficial de la Comunidad Valenciana y es, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano».
Sin respeto no hay dinero
El Observatorio tendrá miembros que no serán retribuidos y pueden ir formando parte del mismo asociaciones que irían rotando con el paso del tiempo. Además, tendrá potestad sancionadora, ya que el Consell trabajará para que «no se pueda destinar dinero público a cuestiones contrarias al ordenamiento jurídico» en materia de señas de identidad.
Concretamente el artículo 22 está dedicado a las subvenciones y especifica que: «La Administración de la Generalitat, así como los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, en ningún caso podrán otorgar subvenciones que tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que manifiestamente supongan un agravio o menosprecio hacia las señas de identidad del Pueblo Valenciano reconocidas en esta Ley». Negó el conseller que esta ley tenga un carácter inquisitorial y también rechazó la acusación de un periodista de que sea un gobierno «liberal» el que ponga «negro sobre blanco la identidad de un pueblo». Santamaría recordó que «quien habitualmente se dedica a expedir carnés de buena valencianía no es el PP, sino que son otras fuerzas de carácter minoritario que quieren gobernar juntas». En este sentido Santamaría también se mostró molesto al ser cuestionado sobre porqué presentaba esta ley en castellano, a lo que contestó: «Porque es una lengua cooficial y me expreso mejor en ella, ya que es la que se hablaba en mi casa porque mi padre es de Burgos».
Pese a ello, el conseller hizo el resto de la extensa rueda de prensa en valenciano e insistió en que la ley no solo tiene carácter lingüístico, ya que blinda tradiciones como los «bous al carrer» cuyos festejos han congregado este año a más de siete millones de personas; la gastronomía; las bandas de música; los festejos; la indumentaria tradicional; el Siglo de Oro; los monasterios de Santa María de la Valldigna y el Puig; el Archivo de la Corona de Aragón; «Els Furs» y el derecho foral valenciano o los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. En cuanto a la ausencia en este texto legal de un vehículo de radiodifusión en valenciano como era RTVV, la consellera portavoz, María José Catalá, explicó que el cierre del ente autonómico «no tuvo nada que ver» con la labor de difusión del valenciano sino con la imposibilidad de costear el servicio ante una contingencia jurídica.
