POLÍTICA
Fomento apremia a Fabra para que aparte a Ripoll del puerto de Alicante
El Gobierno contaba con que la salida se llevase a cabo en septiembre, pero el jefe del Consell espera algún avance en el Caso Brugal para destituirlo
El Gobierno quiere cuanto antes al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, fuera del cargo. El Ministerio de Fomento, que en 2011 transigió e incluso hizo de valedor del dirigente popular para recalar en la terminal alicantina, ve ahora con preocupación cómo se acumulan los frentes abiertos que erosionan la imagen de un puerto cuya actividad, además, no termina de remontar. Y todo ello se suma al lastre para la estrategia de regeración de que su presidente esté imputado por cinco delitos de corrupción.
Según ha podido saber ABC de fuentes próximas al Ejecutivo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha trasladado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra ( que a la postre, es quien tiene la potestad para nombrar y destituir al presidente de la Autoridad Portuaria ), la necesidad de que Ripoll abandone cuanto antes la terminal. De hecho, según las mismas fuentes, en el Ministerio de Fomento se esperaba que la situación se hubiera resuelto el pasado mes de septiembre, según la hoja de ruta trazada con la Generalitat. Sin embargo, Joaquín Ripoll sigue ocupando su cargo, por lo que Fomento ha vuelto a apremiar al jefe del Consell para que acometa su salida cuanto antes.
La «salida digna» de 2011
Ripoll logró recalar en el puerto de Alicante en 2011, tras quedar apeado de la Diputación provincial (institución que presidía desde 2003), como parte de un acuerdo a múltiples bandas que permitía a Génova y al recién nombrado presidente del PPCV –Francisco Camps acababa de dimitir– salvar los muebles en varios frentes: de un lado, se evitaba la imagen de un presidente provincial del PP apuntándose a las listas del paro después de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lo dejase sin atribuciones y sin sueldo en el Consistorio alicantino. De otro, se ofrecía una «salida digna» a Ripoll a cambio de renunciar a su acta municipal y a la presidencia provincial del partido. Y por último, se cumplía el compromiso que adquirió con Génova antes de las elecciones el expresidente del PPCV Francisco Camps, quien se avino a ofrecer a Ripoll una alternativa a cambio de laminarlo en la Diputación.
El acuerdo, no obstante, supone desde hace tres años una importante disfunción en la política de tolerancia cero con la corrupción de la que hace gala Fabra. La presidencia del puerto es un cargo de libre designación, y por tanto, según la doctrina de las «líneas rojas», un imputado por corrupción debería haber sido destituido –como ha sucedido con todos los altos cargos del Consell que se han visto en la misma situación–. Sin embargo, Ripoll llegó al puerto cuando ya cargaba con la imputación por cinco delitos en el marco del Caso Brugal, una macrocausa que sigue encallada en los juzgados de Orihuela .
Novedades judiciales
Eso sí, el presidente del PPCV ya advirtió a principios de año que, si la situación judicial de Ripoll se agravaba, éste sería destituido. De hecho, fuentes próximas a Presidencia de la Generalitat confirmaron a ABC que Fabra da ya por cumplido el compromiso adquirido en 2011, y está a la espera de que se produzca un nuevo movimiento judicial contra Ripoll para firmar su cese. Una posibilidad que ahora no parece tan lejana, una vez que el juez de Orihuela ya ha finalizado la instrucción de la rama inicial del Caso Brugal, relativa a la contrata de basuras de la ciudad oriolana –en la que están procesados los dos últimos alcaldes populares de la ciudad–.
De esta forma, la salida de Ripoll del puerto de Alicante es solo cuestión de tiempo. Sobre su posible relevo se ha especulado mucho en los últimos meses, aunque no hay nada decidido. El anterior secretario general del PPCV, Serafín Castellano, por ejemplo, era partidario de situar en la terminal a la hoy diputada nacional Macarena Montesinos –precisamente, una persona próxima en su momento al propio Ripoll–. También se pensó en la oriolana Eva Ortiz, que no ha logrado repetir como eurodiputada por la caída de votos del PP en los últimos comicios , pese a que ocupaba un teórico puesto de salida. Sin embargo, la situación judicial de la alcaldesa de la capital alicantina, Sonia Castedo, podría motivar una carambola en la resolución de la crisis.
Despolitizar el cargo
No es solo que el mismo nombre de Castedo se haya puesto alguna vez sobre la mesa como relevo de Ripoll –lo que supondría repetir la jugada de un cargo municipal imputado que recala en el puerto a cambio de dejar su acta–, algo que parece ahora inviable. Sino que algunos de los supuestos recambios para el expresidente del PP alicantino en el puerto se postulan ahora como eventuales sustitutos de la primera edil si finalmente, como todo parece indicar, no repite como candidata.
En este contexto, algunos dirigentes del PPCV apuestan por recuperar el perfil técnico que hasta la última legislatura de Camps tuvo la presidencia de la Autoridad Portuaria, e incluso hay quien ha propuesto devolver el cargo al exconseller Mario Flores –ahora diputado en el Congreso por Alicante–, un hombre de partido pero también con un marcado perfil profesional que, no en vano, siempre se ha dedicado a la actividad portuaria como empresario.
