Fomento deja en manos de Castedo el destino del faro de Tabarca

Será el Ayuntamiento de Alicante quien tenga la última palabra acerca del destino del faro de Tabarca y si éste estará dedicado a una actividad empresarial –en concreto un hotel, como pretende Joaquín Ripoll, presidente de la Autoridad Portuaria– o si prefiere que se destine a cualquier otro tipo de uso.

Así lo establece el protocolo marcado por la Ley de Puertos del Estado, por la que se rige el programa «Faros de España» impulsada por el Ministerio de Fomento. Como en cualquier otro tipo de concesión, se estipula que una vez analizado el expediente y recogidas en el periodo de exposición pública las posibles alegaciones por parte de personas, empresas o administración sea el gobierno municipal del que dependa cada atalaya quien conceda la licencia de apertura pertinente.

Algo que se vislumbra como harto complicado en el caso de la ínsula alicantina debido al alto grado de protección del que goza por cuestiones medioambientales y de conservación de su patrimonio. Y todo a pesar de las maniobras de Ripoll. Tal como ha venido contado este periódico, el que fuera presidente de la Diputación de Alicante y actualmente imputado en el caso Brugal por cinco delitos de corrupción ha presentado el proyecto –publicación incluida en el BOE– por parte de la mercantil Josector Juan Luis, S.L para la explotación de la torre de señalización marítima para uso hostelero. Todo ello sin consultar al organismo municipal y sin publicitar, como se ha hecho en otras regiones, las opciones que brinda la iniciativa impulsada desde el ministerio de Ana Pastor.

Un modo de proceder que también ha soliviantado los ánimos en Jávea, cuyo ayuntamiento tuvo conocimiento del idéntico propósito de Ripoll para el faro del Cabo de San Antonio sólo cuando este ya había sido tramitado. De hecho, la protesta llegará hoy al Congreso, donde EU realizará una pregunta al Gobierno sobre este asunto.

A este respecto, Puertos del Estado es claro: para la realización de cualquier actividad tiene que contar con la bendición de todos los organismos. Una larga cadena en la que, en el caso de Jávea y Tabarca, entran en juego desde ministerios a consellerias y sus áreas de cultura, patrimonio o medioambiente. Especialmente estas últimas si, además, tal como explicaba el pasado viernes la Generalitat tras conocer las intenciones de Ripoll, se procede junto al Ayuntamiento de Alicante a declarar la isla Bien de Relevancia Local. Si esto no fuera así y el proyecto pasara todos los filtros, la decisión última recaería sobre el Consistorio.

El rechazo por parte de la sociedad alicantina tras conocer por ABC las intenciones de Ripoll ha sido frontal. Así, la Asociación Alicante Vivo asegura que son «múltiples los impedimentos que existen para que sea viable un proyecto que creemos fuera de lugar, ya que hay suficientes establecimientos hoteleros en la isla, como la Casa del Gobernador o los pequeños hostales del poblado, que son más que suficientes para albergar a los turistas de la isla, no siendo precisamente muy rentables por la especial fisionomía de la isla y sus enlaces con el continente», explican.

Desde el colectivo se preguntan cómo se pretende abastecer el hotel y tranportar huéspedes hasta allí con la prohibición imperante de que circulen vehículos a motor por el denominado campo de Tabarca, «al que hay una buena tirada desde el puerto», matizan. Además, resaltan su importancia como reserva biológica y de aves.