Según anuncia le vicepresidente, Martínez Guijarro
La futura ley de Transparencia pretende regular los «lobbies»
El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, afirma que la intención del Ejecutivo es ponerse en «cabeza» en materia de transparencia y desvela que la ley regional de Transparencia regulará los «lobbies», lo que solo ha hecho una comunidad autónoma.
En una entrevista con motivo de los cien días del Gobierno de Emiliano García-Page, el vicepresidente de la Junta defiende que Castilla-La Mancha fue «la comunidad que lideró en su momento todo el tema de transparencia» y la primera en aprobar algo que «hoy en día está muy asumido», que los responsables políticos hagan pública su declaración de bienes.
«Cuando esa decisión se tomó en Castilla-La Mancha fue una verdadera revolución. ¿Qué queremos hacer? Volver a ponernos a la cabeza, incorporando algunas cuestiones que están también en el acuerdo de investidura», afirma Guijarro, en relación al acuerdo firmado con Podemos.
Adelanta que la ley de Transparencia, que esperan remitir al Consejo Consultivo antes de final de año, incluirá «una regulación específica de los grupos de interés, los que se conocen como lobbies». El vicepresidente de la Junta considera que «es importante que se haga» y que «haya conocimiento real de cuál es la actividad del Gobierno y de esos grupos de interés».
La ley regional de Transparencia también recogerá «imponer obligaciones de transparencia desde el punto de vista de la gestión económica, de la gestión presupuestaria de la Administración y de las entidades que se relacionan con la Administración», explica.
«Que los procesos de contratación sean absolutamente transparentes, que se sepa cuál es la puntuación que hay en las mesas de contratación, quiénes componen las mesas de contratación. Todo un ejercicio de transparencia real y efectiva», afirma Martínez Guijarro. Con ello, apunta que su intención es que esta ley se apruebe en el próximo periodo de sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, que comienza en enero de 2016, pese a que el acuerdo de investidura recoge que tiene que estar lista en noviembre.
«Lo que queremos hacer es un proceso de participación ciudadana; no sería muy explicable que la ley de Transparencia, que abre la puerta a la regulación de la participación ciudadana, la hagamos sin participación, aunque suponga un mes y medio de retraso en su remisión a las Cortes», argumenta.
Otro de los acuerdos que contempla el pacto de investidura con Podemos es la reforma del Estatuto de Autonomía y de la ley Electoral, asunto en el que coincide que en abrir el debate a la ciudadanía.
Asegura que, «a partir de ahora, cualquier modificación legislativa» la realizarán «con un proceso de participación ciudadana» que «sea efectivo y real», algo que también incluirán «en la legislación de transparencia».
No obstante, Martínez Guijarro explica que no se trata de «un cambio abismal» respecto a los anteriores Gobiernos socialistas, porque cuando «se han hecho las leyes en Castilla-La Mancha, se han hecho con participación».
