Los sindicatos quieren aportar 60.000 firmas a la campaña de ingresos mínimos
Los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, José Luis Gil y Carlos Pedrosa, presentaron ayer la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por ambos sindicatos para establecer en España una «prestación de ingresos mínimos» que garantice 426 euros mensuales a los cerca de 2,1 millones de españoles desempleados que carecen de prestaciones e ingresos; 153.000 de ellos de Castilla-La Mancha. Pretenden aportar, al menos, 60.000 firmas de la región.
Se trata, explicó Carlos Pedrosa, de «corregir las insuficiencias de nuestro sistema de protección social», que tras ocho años de crisis, destrucción de empleo y políticas «de austeridad» es «incapaz de hacer frente a los efectos que han causado en la población española la Reforma Laboral, que han provocado una tremenda caída de la cobertura del desempleo».
A ello se une la insuficiencia y disparidad de los actuales mecanismos de protección social puestos en marcha por las distintas comunidades autónomas. Así, en el caso de Castilla-La Mancha, la Renta de Inserción vigente está diseñada de tal manera que de los 153.000 posibles beneficiarios, sólo se les concede a unos mil; además de ser la de cuantía más baja de todo el país.
«Lo primero es el empleo, pero cuando no hay empleo, tiene que haber una prestación que permita vivir a la gente, preservar su dignidad y sus derechos de ciudadanía», subrayó Gil y añadió que «frente al paro y la pobreza, el sindicalismo de clase siempre ha reclamado plena protección social». «Somos sindicatos sociopolíticos que miramos más allá de la valla de la fábrica. Siempre hemos estado con la gente que peor lo pasa, es nuestra seña de identidad».
Ahora, los sindicatos promueven esta ILP para que el Parlamento español tramite y apruebe, y el Gobierno de España «ponga en marcha la Renta Mínima Garantizada como derecho subjetivo y universal».
Esta «Prestación de Ingreso Mínimo» aportaría una renta mensual de 426 euros a las personas demandantes de empleo carentes de prestaciones e ingresos -o con ingresos inferiores al 75% del SMI- que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación y seria incompatible con otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social, aunque sí con otras rentas (siempre que no exceden el 75% del SMI) percibidas por la Ley de Dependencia, ayudas a la unidad familiar o similares.
