Oficinas antidesahucios para acabar con el «drama social»
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, compareció ayer en la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre las políticas que desde su departamento se van a llevar a cabo en los próximos años, las cuales se van a basar en la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y políticas sociales.
De la Cruz calificó la situación de su departamento como «escuálida», pues durante la pasada legislatura el presupuesto se recortó en un 50 por ciento y hubo una disminución de la plantilla en un 17 por ciento, por lo que los recursos están «mermados».
Por ello, aseveró no tener un gran margen de maniobra, aunque adelantó la puesta en marcha de oficinas antidesahucio, para lo cual ya se está hablando con colectivos y asociaciones y se espera que se puedan sumar otras plataformas e instituciones.
En Castilla-La Mancha se registraron 800 casos de desahucios en 2014, lo que sitúa a nuestra región como la comunidad autónoma con más ejecuciones hipotecarias junto a Canarias. «Los poderes públicos están obligados a dar respuesta a este drama social», afirmó.
Respecto a urbanismo, De la Cruz se mostró partidaria de comenzar a ver la crisis inmobiliaria como una «oportunidad» y tender hacia el modelo de «ciudad compacta», con una reducción de costes. De hecho, se modificará la Ley de Ordenación de Territorio y de la Actividad Urbanística, así como aprobar una ley de paisaje.
Pero la materia que más cambios va a sufrir va a ser la vivienda. La dirigente socialista aseguró que va a «recomponer y rediseñar por entero esta materia» desde un compromiso social, para lo que aprobará una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha que garantice el derecho a una vivienda que recoge la Constitución.
En cuanto a la depuración de agua, De la Cruz afirmó que «ni un solo habitante de la región debe carecer de agua», por lo que el Gobierno luchará para que se revise el ciclo de planificación 2015-2021 en los planes hidrológicos, algo que tildó de «inaudito». También se van a plantear iniciativas para evitar que los municipios estén pagando sanciones a la Unión Europea.
Por último, la socialista criticó que durante los cuatro años de gobierno «popular» la Consejería haya estado «inédita». Además, explicó que los cerca de 100 procedimientos judiciales abiertos contra la Administración, principalmente por obras paralizadas, podrían sumar indemnizaciones de 80 millones de euros.
