Comisión de la Mujer
El Instituto de la Mujer establecerá becas para las mujeres maltratadas
El Instituto de la Mujer reforzará la asistencia a las víctimas de la violencia machista, así como a sus hijos. Lo anunció ayer la directora de la institución, Araceli Martínez, en la Comisión de la Mujer de las Cortes regionales. Además, el Instituto potenciará su prevención, en especial en los adolescentes y jóvenes, mediante campañas orientadas a la erradicación de la violencia sexista y a la situación de las víctimas.
A partir de esta legislatura, la directora del Instituto de la Mujer está participando en las reuniones del Consejo de Gobierno, con el objetivo de facilitar la colaboración con las consejerías. Las becas y el empleo son dos de los aspectos en los que ya se ve reflejada esta colaboración. La responsable del Instituto explicó que van a implantar «una línea de becas para aquellas mujeres que debido a la desestructuración provocada por el maltrato y que no cuenten con recursos suficientes puedan acceder a los estudios superiores».
Araceli Martínez informó también de que el Plan de Empleo que ha presentado el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá «unas condiciones especiales para las víctimas de la violencia machista». A la vez, avanzó que van a seguir «apostando por el emprendimiento femenino, sobre todo en las zonas rurales, donde cada empleo para las mujeres supone una oportunidad no solo laboral, sino también de desarrollo rural».
El Instituto de la Mujer desarrollará asimismo un programa para fomentar la igualdad de oportunidades del colectivo Lgtbi (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersex ). Martínez recordó los avances legislativos y políticos al respecto, pero matizó que «la discriminación de personas homosexuales, bisexuales y transexuales es una realidad», y que las mujeres pertenecientes a estos colectivos son más vulnerables. Por otra parte, la directora de la institución avanzó que van a potenciar la llamada Red de Centros y Recursos de Acogida. Al mismo tiempo van a mejorar la coordinación territorial y sectorial, «homogeneizando criterios de actuación y revisando protocolos», en especial en los relacionados con la violencia sexista, para que las intervenciones sean más eficaces.