El PP insiste en destacar que Podemos hace «seguidismo» del PSOE

«El Gobierno nuevo no ha necesitado ni cien días para decepcionar a todos los castellano-manchegos». Así de contundente se mostró ayer la diputada regional del PP Claudia Alonso, en su crítica a la actitud del presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que según ella está «acostumbrado a hablar mucho, pero que a la hora de actuar empieza a no ser tan claro».

La diputada se refería, entre otras cuestiones, a los privilegios de los que sigue disfrutando el expresidente José Bono: un coche oficial con su correspondiente conductor, dos secretarios y una oficina equipada, además del servicio de seguridad. El coste de estos servicios, (a los que han renunciado los otros dos expresidentes, tanto el socialista José María Barreda como la popular María Dolores de Cospedal) es de 160.000 euros anuales.

Todo ello le corresponde según la legislación vigente, en concreto por el artículo 9 de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. El PP registró el pasado martes una propuesta de reforma de esta ley; sin embargo, para modificarla no les bastará con la mayoría absoluta que les otorgaría el apoyo de los dos diputados de Podemos. El Estatuto de Autonomía dispone que es necesaria una mayoría de tres quintos (al menos 20 de los 33 diputados), de manera que requieren la adhesión del PSOE. Alonso no entiende que no haya dinero para algunos servicios pero sí para mantener los privilegios de Bono y otros gastos secundarios como la reapertura de la embajada autonómica en Bruselas (Bélgica) o el aumento del gasto de las Cortes, pese a haber menos diputados.

La diputada también criticó la «frivolidad» con la que García-Page habla sobre el Hospital Universitario de Toledo, cuya construcción «ya debería estar iniciándose», según el criterio de Claudia Alonso. Sobre su modelo de gestión, el Gobierno autonómico anunció que sería «igual que el del [Hospital] Virgen de la Salud», también en Toledo. En este, los servicios médicos son públicos, pero otras prestaciones como la cafetería o el aparcamiento se «externalizarán», esto es, se adjudicarán a empresas privadas. El PP manifestó el cambio de criterio del Ejecutivo, que antes se refería a esta opción como «privatización».

La diputada regional pidió la opinión de Podemos sobre este tema, después de que en el acuerdo para la investidura de García-Page acordasen con el PSOE la «recuperación de servicios externalizados». A juicio de Claudia Alonso, si la formación morada no hace nada al respecto es porque «no les interesa o empiezan a ser laxos», por lo que los acusa de haber engañado a los toledanos y al resto de castellano-manchegos. Al igual que con el Gobierno regional, Alonso dice sentirse decepcionada con Podemos, y tacha su actitud de «seguidismo» al considerar que «se venden» por obtener un senador autonómico.

El Partido Popular cree que el Gobierno de Castilla-La Mancha debería explicar también cómo es posible que las Cortes regionales cuesten un millón de euros más aunque tienen «menos diputados» y cinco trabajadores más, porque «no hay compensación».

Según, Claudia Alonso, «no se ha compensado el presupuesto», y a lo mejor lo que tiene que explicar el PSOE y lo que han «obviado» decir es que «los que van a recuperar el sueldo van a ser los presidentes de las comisiones».