Page esperará un cambio en la ley estatal sobre el agua antes de plantear una norma regional
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esperará un cambio en la legislación del Estado en materia de agua antes de plantear una Ley regional. «Si no se produce es de sentido común que actuaremos con los mecanismos que el Estatuto de Autonomía nos permite», dijo.
En campaña, García-Page prometió una Ley del Agua similar a la de Aragón que de momento condiciona a este cambio de legislación estatal, limitándose a señalar que «la presentaremos en su momento, reclamando claramente igualdad de trato en toda España». «Cada metro cúbico de agua tiene que tener el mismo tratamiento constitucional en toda España», ha señalado, situando esa igualdad también en el plano económico.
La intención de García-Page pasa por una estrategia de negociación y un debate «serio y sincero y riguroso» sobre la gestión del agua. «Algunos dirían, por las buenas, y espero que haya muy buena acogida a este planteamiento, pero si mañana nos cierran todas las puertas, si nos bloquean cualquier oportunidad, nosotros vamos a cumplir nuestro programa, y plantearemos alternativas legales como esa y alternativas jurídicas. Ninguna la hemos planteado sin haberla estudiado primero», señaló.
El jefe del Ejecutivo autonómico entiende que los presidentes de Valencia o de Murcia defiendan «a ultranza» los intereses de su tierra, pero cree que deben abordar su futuro de sus comunidades con la perspectiva del tiempo y de nuevas alternativas hidráulicas a la actual. «No quiero que dejen de tener agua, el problema es que ni hay agua aquí, ni tiene que ser siempre esta, y a este precio», precisó. «Entiendo que el Gobierno de Valencia se cierre en banda a esta posición tal y como se ha encontrado la situación, pero también tendrán que entender que nosotros no miremos a otro lado», indicó.
Para el presidente de Castilla-La Mancha, la influencia de Cospedal como secretaria general del PP ha servido en esta última etapa para «anestesiar la justicia en la comunidad autónoma en materia de agua».
Respecto al impuesto autonómico de Castilla-La Mancha sobre actividades que inciden en el medio ambiente, más conocido como ecotasa, dinero que tuvo que devolver la Junta a la central de Trillo tras declarase inconstitucional el cobro por el Tribunal Supremo, García-Page manifestó que van a estudiar «fórmulas» para que paguen. Para el presidente regional «no hay discusión sobre que las empresas que contaminan paguen».
En cuanto al Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca), para García-Page la mejor baza que hay para que el proyecto de este «cementerio nuclear» no salga adelante es «la chapuza de procedimiento» que ha llevado adelante el propio Ministerio.
García-Page, que hoy se reúme con el alcalde de Villar de Cañas, tiene claro que «si generamos basura nuclear es evidente que hay que tratarla y que sea lo más barato posible pero el problema es que han elegido mal sitio», aludiendo a otras ubicaciones como posibles en otras comunidades, y convencido también de que aquí «pesan más intereses de algunas empresas por las obras que el interés nacional».
En este sentido, señaló que le resulta «llamativo» que se decidan las obras para el ATC hace dos años y que dos años después se hagan los estudios de seguridad nuclear. También piensa que «hay muchas posibilidades de que reenfoquemos la estrategia nuclear en España». «Aquí ha habido un pasteleo político, pero terminaremos sabiendo que intereses ocultos hay detrás de esa decisión política entre Cospedal y Soria», lamentó.
