La Junta recurrirá un trasvase que el PP ve legal y Podemos no quiere guerras de agua
El Gobierno regional critica el secretismo con que a su juicio se aprueban los trasvases cuando el río Tajo está peor que nunca
Las posiciones del arco político de Castilla-La Mancha fueron ayer diversas respecto a la retornada polémica de los trasvases, definida como la «guerra del agua, tras la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de una nueva derivación de 15 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del Tajo al Levante. Así, mientras que el PSOE, desde el propio partido y el Gobierno regional, pidió su derogación y se anunció un próximo recurso al trasvase, el Partido Popular de la región señalaba su legalidad y que hay que ser solidarios. El último en entrar en liza en el debate fue Podemos, cuya postura va por la vía de «racionalizar los nodos en los que llega el agua a todos», en lugar de «paralizar» el trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su consejera de Fomento, Elena de la Cruz, anunció en Guadalajara que recurrirá el nuevo trasvase publicado ayer en el BOE, por el que se derivarán otros 15 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura tras la orden del Ministerio de Agricultura aprobado el pasado viernes.
«El Gobierno de Rajoy vuelve a actual con secretismo y de tapadillo, continuando con el expolio de los embalses de la cabecera del Tajo», afirmó De la Cruz, que explicó que este trasvase se hace tomando en cuenta valores de la cuenca de principios de mes, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulaban 402 hectómetros cúbicos. «Sin embargo, a día de hoy, solo hay 375», criticó la titular de Fomento, alertando de que es posible un nuevo trasvase en septiembre.
De la Cruz recordó que el recurso por el anterior trasvase se aprobará en el Consejo de Gobierno regional el próximo martes y que tras este trámite se presentará ante la Audiencia Nacional. Paralelamente, la Junta trabaja en el otro recurso bajo similares argumentos para el que se ha conocido este viernes. La consejera señaló que la Junta regional está dispuesto a dialogar con el Gobierno de España para estudiar «alternativas viables» al trasvase «porque de esta manera no va a haber agua ni para Castilla-La Mancha ni para la cuenca del Segura», pero que mientras se producen esas negociaciones también está resuelto a luchar en los tribunales contra las derivaciones que se producen en las condiciones actuales de la cabecera.
Preguntada por la postura del Gobierno regional ante la posibilidad de negociar una subida de la lámina estable desde los 400 hectómetros cúbicos acordada en el Memorándum del Tajo y la Ley de Evaluación Ambiental, la consejera dijo que al Gobierno regional le parece insuficiente. «No hay más que mirar los embalses», afirmó, al tiempo que invitó al PP de Castilla-La Mancha y a la propia ex presidenta Cospedal a dejar de jactarse de que esa cifra es un logro y ejercer su influencia con Rajoy para apoyar al Gobierno de Emiliano García-Page en la consecución de un diálogo que sirva para aumentar el caudal de un río «que se está muriendo» y a «defender los intereses de Castilla-La Mancha» consiguiendo agua para el desarrollo.
Ciudadanos de segunda
Por su parte, la vicesecretaria general y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, reprochó al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que se «ensañe» con los castellano-manchegos y les trate como «ciudadanos de segunda».
Indicó que no solo el Gobierno regional, sino los agentes sociales y los ciudadanos de la región «ven con estupor» como el Ejecutivo de Rajoy «ignora los gritos que piden que de una vez por todas acabe con estas decisiones». «Vamos a pasar de agua para todos al agua para nadie», lamentó.
También manifestó que «no hay tiempo ni margen temporal» dada la «extrema» sequía y el estado de los embalses de cabecera del Tajo para abordar el debate del agua una vez pasadas las elecciones generales. «Preocupa que algunos digan que se está creando una guerra. Nosotros sólo estamos intentando defender los intereses de los castellano-manchegos», aseveró la portavoz del PSOE.
Desde las filas del PP, el diputado nacional del PP Agustín Conde defendió ayer que este último trasvase se ajusta a la ley y que hay que ser solidarios, de forma que «cuando hay españoles que tienen sed, pues hay que darles de beber. Eso es hacer un país», dijo. Según Conde, en su partido sostienen «dos cosas: una, que el agua es de todos los españoles y un país se construye con solidaridad, y dos, que los servicios públicos se administran conforme a los criterios de la ley, y este trasvase es legal».
Aunque reconoció que los embalses de cabecera tienen menos agua de la que les gustaría a todos, insistió en que «tienen casi el doble de lo que Bono y Page dijeron que era un hito histórico para Castilla-La Mancha».
Conde criticó que hay socialistas de Castilla-La Mancha o de Extremadura que «se indignan cuando oyen a un catalán diciendo que sus impuestos son para ellos, y piden solidaridad, y entonces se arropan en la bandera española y dicen que un país tiene que ser solidario y que la riqueza nacional es de todos, pero luego se rasgan las vestiduras cuando se manda agua a una región que tiene sed. Esto también es solidaridad, construir un país».
También apuntó que el año pasado el río Ebro vertió al mar «agua suficiente para dar de beber a España entera durante dos años», y que el PP quiso hacer un trasvase desde la desembocadura del Ebro, pero «entonces los socialistas, empezando por García-Page, se opusieron». «Eso hubiera resuelto el problema», aseguró.
Derecho y no negocio
El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, apuesta por «racionalizar los modos en los que llega el agua a todos», en vez de «paralizar» el trasvase Tajo-Segura. En declaraciones a Efe, García Molina lamentó que el agua se haya convertido en un «arma arrojadiza», e insistió en que la solución no pasa por la «teatralización» ni por «guerras de agua» entre partidos y regiones. Así, abogó por «desregionalizar» el conflicto y abordar el trasvase «de una manera más integral», en la que se trate al agua «como derecho y como negocio».
Reconoció que «es una evidencia» que el tramo del río Tajo entre Toledo y Talavera de la Reina «es de bajísima calidad» pero, al mismo tiempo, pidió «altura de miras» a todas las partes porque «el o estás conmigo o contra mí» sólo está «agravando» la situación.
Así, considera que la solución debe ser nacional, y que atienda «a criterios más de solidaridad que de negocios» porque, de lo contrario, el problema se va a prolongar «hasta el infinito».
