Cifran en 160.000 euros más las obras de Vereda de Moledores
Las irregularidades de esta obra, financiada con el Plan E, fueron denunciadas por un funcionario municipal
La Fiscalía de Ciudad Real estima que podría haber indicios de delito en las obras del Camino de Moledores, que se ejecutaron en el año 2009 con cargo al Plan E, con un coste total cercano a los 300.000 euros, según las diligencias de investigación preprocesal respecto a la denuncia que en su día presentó un funcionario del Ayuntamiento y la que se adhirieron los grupos municipales de PSOE e IU entonces en la oposición.
Concretamente la denuncia, que interpuso el entonces Jefe de Servicio de Medio Ambiente municipal, se sustentaba en las «irregularidades» que a su juicio presentaba la certificación de los materiales y que ahora ratificaría el informe que para el Ministerio Fiscal ha elaborado un ingeniero de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, tal y como reveló ayer un diario digital.
Este informe pericial certificaría una sobredimensión entre lo que se proyectó y lo finalmente ejecutado que ascendería a la cantidad de 160.273,98 euros, cuantía que coincide prácticamente con los cálculos que el PSOE hizo en su día y que rondaban los 158.000 euros.
Así las cosas, el Ministerio Público considera que los anteriores jefes de servicio de Infraestructuras y de Parques y Jardines, funcionarios del Ayuntamiento, podrían haber incurrido en los delitos de fraude y exacciones ilegales, así como de falsedad en documento oficial, por su responsabilidad como codirectores de la obra y por certificar este proyecto que pretendía reconvertir este camino en un paseo peatonal y cicloturista.
El actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Alberto Lillo, se mostró ayer muy cauto en su primera valoración sobre este asunto en la que insistió varias veces en la idea de que los actos municipales deben realizarse con «transparencia técnica y política» por lo que la «responsabilidad es compartida».
Responsabilidades políticas
Por este motivo, dijo que habrá que pedir responsabilidades políticas cuando finalmente haya una sentencia en firme. Lillo consideró «peligroso» que existan «actos independientes» entre políticos y técnicos y aseguró que normalmente «no se hacen proyectos de manera técnica en la Administración si no están amparados por una decisión política».
El edil aseguró que a partir de ahora el equipo de Gobierno estará a la espera de las comunicaciones oficiales que se puedan recibir en el Ayuntamiento para reunirse con el gabinete jurídico y estudiar las presuntas acciones que se puedan llevar a cabo.
El grupo Ganemos, por su parte, exigió en un comunicado la dimisión de la exalcaldesa y portavoz del Grupo Popular, Rosa Romero, porque es «la principal responsable política del presunto caso de corrupción que rodea al Ayuntamiento durante el gobierno del PP».
«Romero nunca investigó ni ofreció información sobre los hechos que rodean a este escándalo, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas por la oposición y por funcionarios del propio consistorio», aseguró la portavoz, Carmen Soánez.
Además, Ganemos solicitó al equipo de Gobierno que sea el propio Ayuntamiento de Ciudad Real el que se persone como acusación particular en esta y que se tomen las medidas precisas para facilitar una investigación que esclarezca los hechos ocurridos. También pidió que se investiguen el resto de obras realizadas durante el antiguo gobierno del Partido Popular para comprobar si este presunto escándalo se trata de un hecho aislado o por el contrario se trataba de una práctica habitual en el gobierno de Rosa Romero.
Finalmente, el Grupo Popular, manifestó su respeto por las decisiones judiciales y aseguró que en este caso, no sólo se ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la documentación y expedientes que se solicitaron, sino que el propio Ayuntamiento abrió un expediente informativo del que también es conocedor la Fiscalía.
