El PP denuncia que se enteró por la Prensa del nombramiento de Amores

Xxxa diputada regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Cesárea Arnedo ha lamentado la actitud «soberbia, sectaria y antidemocrática» del presidente regional, Emiliano García-Page, al anunciar el nombramiento de la nueva directora general de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), Carmen Amores. Arnedo denunció que el Gobierno regional «se ha saltado la ley» porque son las Cortes regionales las que «nombran el Consejo de Administración del ente público y este propone al nuevo director».

«García-Page está mostrando una actitud contraria al diálogo y al consenso, imponiendo un nombramiento con el que esta faltando a su palabra», remarcó la diputada regional, «del que nos hemos enterado por los medios de comunicación» y que ha tachado de «ilegal» al citar la Ley 3/2000, que «no permite el nombramiento transitorio de un director provisional del ente». Y citó los artículos 7.3 y 9 que «habiendo concluido la Legislatura, el Consejo de Administración debe ser renovado por procedimiento legal, sin que se encomiende al Consejo saliente el nombramiento transitorio de un nuevo director de RTVCM».

Por tanto, «el nombramiento es ilegal si se quiere imponer en los términos que se anunciaron ayer», expuso Arnedo, quien dijo no entender «el miedo que tiene (García-Page) a renovar el Consejo de Administración» y que lamentó, al tiempo, «la falta de diálogo» al no dirigirse al Partido Popular cuando «no hace tanto tiempo nos brindaba la mano para nombrar al nuevo director y que esperábamos que se produjese esa voluntad de diálogo».

La parlamentaria popular, que insistió en que el nombramiento «no se ampara en la legalidad», mostró también su extrañeza por «el silencio de Podemos» que «nos hace pensar que el acuerdo del bipartido Page-Podemos ya está negociado y nos gustaría saber si se ha negociado el salario de la directora general».

Por otro lado, Cesárea Arnedo también negó, como dice el PSOE, que la Mesa de las Cortes calificara la compatibilidad del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y que sólo se presentó un escrito que «no avala» la legalidad y no clarifica si el consjero «esta capacitado o no».