El Gobierno de Barreda negoció un acuerdo con las familias

Tras la imputación de técnicos y políticos que participaron en el dispositivo del incendio de Riba de Saelices, la Junta de Castilla-La Mancha comenzó a negociar con las familias, a través de un mediador, para llegar a un acuerdo con el que indemnizarles. La persona de la Junta encargada de la negociación era el vicepresidente Fernando Lamata, mientras que el mediador era Javier Irízar, alcalde socialista de Guadalajara durante doce años.

En 2008 y tras varios documentos redactados que no llegaron a buen puerto, se consiguió un acuerdo con el que, en principio, estaban conformes ambas partes. «La Junta indemnizaba a las familias, pedía perdón, reconocía que las cosas no se habían hecho bien y se comprometía a abrir expediente a los técnicos», explican los abogados. Pero finalmente dos de las familias no firmaron y el proceso judicial continuó.

En 2011, mientras se debatía en las Cortes la Ley de Caso Único, el PSOE dijo que las familias de las víctimas solo querían dinero. Los abogados se defienden: «En el acuerdo de 2008 las cantidades eran muy superiores a las que luego se otorgaron. De hecho, nos pagaban hasta las minutas a nosotros».