LOS CONSEJEROS MUESTRAN SUS BIENES Y PATRIMONIO
Denunció una posible causa de incompatibilidad del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Los nuevos consejeros de Castilla-La Mancha comparecieron ayer ante la Junta de Portavoces de las Cortes regionales según lo previsto. El objetivo de este ejercicio de transparencia era explicar, por una parte, su patrimonio y rentas, para que sirva de «vacuna contra la corrupción», en palabras de la portavoz del grupo socialista, Blanca Fernández. Por otra parte, los miembros del Gobierno regional expusieron su formación y experiencia laboral, que determinan su adecuación al cargo.
A lo largo de casi cinco horas, los consejeros replicaron a las preguntas y puntualizaciones de los portavoces de los tres grupos parlamentarios: Podemos, PSOE y PP, en ese orden.
Lo cierto es que nada más empezar ya se desataron las hostilidades. Sobre todo en la comparecencia del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, del que el Partidio Popular pidió directamente su inhabilitación. La causa es su contratación en la empresa privada Indra Sistemas siete meses después de dejar su puesto como director gerente en el Servicio de Salud de la región. El Sescam había realizado contrataciones con Indra, y en estos casos la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de la región estipula que hay que esperar un plazo mínimo de dos años tras el cese.
Ante esta acusación, el propio Ruiz Molina explicó que antes de firmar con Indra solicitó un informe a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la Junta en el que se le autorizaba a su entrada en Indra. Fue por la tarde cuando dicho informe fue hecho público. En el mismo se expone que no participó en las adjudicaciones, de manera que no existen incompatibilidades.
Pero este no fue el único encontronazo que se produjo entre el PP y los miembros del Gobierno autonómico. El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, fue el primero en realizar el «estriptis fiscal y patrimonial», como él mismo lo denominó. A preguntas del PP declaró que formó parte del Consejo de Administración de la empresa pública Geacam cuando era consejero con competencias en Agricultura. En el año 2007 hubo una serie de inundaciones en toda la comunidad, y para reparar los daños se recurrió a esta compañía, excepto en la provincia de Cuenca, donde las obras se adjudicaron a Contratas Pmm, empresa de su hermano.
El PP le pidió explicaciones al respecto, ante lo cual esgrimió que su responsabilidad al frente de Geacam no incluía las contrataciones. Y añadió que la empresa de su hermano colaboraba de forma habitual no solo con la Junta, sino también con la Diputación de Cuenca que formalizó el acuerdo.
Sanidad pública
Algunos de los consejeros no han trabajado nunca fuera del sector público. No es el caso del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. Desde octubre del año pasado hasta su nombramiento, Fernández Sanz ejerció como director gerente del Hospital San Juan de Dios, de titularidad privada.
En esta ocasión fue Podemos el partido que expresó su preocupación por que parte de la experiencia del consejero se haya desarrollado en la sanidad privada. Fernández Sanz se defendió argumentando que dicho hospital es una entidad sin ánimo de lucro, y que él nunca ha compatibilizado lo público con lo privado. Asimismo, confirmó su compromiso con la sanidad de titularidad y gestión pública.
Proyectos de Gobierno
Durante sus intervenciones, los consejeros que hoy toman posesión de su cargo ofrecieron una breve descripción de los proyectos que acometerán durante su mandato.
En Economía, Empresa y Empleo, Patricia Franco anticipó que tendrá en especial consideración a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, así como el Plan de Choque por el Empleo que propuso el presidente Emiliano García-Page. Por su experiencia internacional, la consejera es consciente de la importancia de fomentar las exportaciones, para obtener empleos «más estables», y recalcó que es fundamental el «empleo de calidad».
Por su parte, la titular de Educación, Cultura y Deportes, Reyes Estévez, cuyo currículum vitae cosechó los elogios de Podemos, señaló que va a luchar por demorar la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aunque reconoció su intención de «no transgredirla». En su plan de Gobierno destacan la gratuidad de los libros y la apuesta por el bilingüismo.
La dependencia será la prioridad de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro; y los desahucios, uno de los principales problemas a encarar por parte de la consejera de Fomento, Elena de la Cruz.
