Escudero declaró ayer en el juzgado de Albacete
El alcalde de Ontur dice que no cometió «ninguna irregularidad»
Joaquín López Escudero, que ha sido hasta ahora el alcalde de Ontur (Albacete), aseguró ayer ante el Juzgado de lo penal número 1 de Albacete que no ha cometido «ninguna ilegalidad» en la adjudicación de las obras de construcción de un Centro de Día en este municipio. Escudero se sentó en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación y por el que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación. El alcalde socialista atribuye esta acusación a una maniobra política de la oposición municipal «por cuestiones políticas.
El abogado de la defensa, Mariano López Ruiz, en declaraciones a los periodistas antes de que comenzara el juicio, avanzó que solicitará «una sentencia absolutoria», puesto que, defendió, los hechos «descartan cualquier actitud que pueda incardinarse en el Código Penal».
El letrado consideró, además, que la denuncia procede de «una época» en la que «se criminalizaba absolutamente todo», y coincidió con su defendido en que este proceso «tiene un fortísimo componente político».
Mariano López Ruiz explicó que la denuncia se interpuso «cuando las obras ya estaban terminadas, no en el momento de adjudicarse».
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso ABC, siendo el acusado alcalde de la localidad albaceteña, el 27 de mayo de 2009 se publicó en el BOP el acuerdo del Pleno para construir un Centro de Día. Un anuncio en el que se establecían los requisitos técnicos, los plazos, la documentación necesaria y que el presupuesto base de licitación se fijaba 373.380 euros.
Faltaban sobres
El 12 de junio se constituyó la mesa de contratación para la adjudicación del contrato y, tras examinar las cinco propuestas presentadas, advirtió que en una de ellas faltaban por presentar los sobres relativos a documentación y a mejoras valoradas económicamente. Como eran errores subsanables, se acordó darle un plazo de tres días a esta empresa para que presentara la documentación. La mesa se reunió el 18 de junio, acordando estudiar varias de las ofertas, y de nuevo el 22 de junio, y decidió proponer la adjudicación a una empresa que, pese a que no era la económicamente más ventajosa, ofertaba una mejora inmobiliaria y asumir los excesos de obra.
El 23 de junio, la interventora del Ayuntamiento emitió un informe advirtiendo al alcalde, ahora acusado, que, pese a no ser vinculante la decisión de la mesa a la que tomara el órgano de adjudicación, la propuesta de la mesa de adjudicación no se ajustaba a los criterios recogidos en las bases, ya que el criterio de adjudicación era el de ser la más ventajosa económicamente.
A pesar de ello, el acusado, sin hacer caso a la advertencia de ilegalidad de la interventora, aprobó el decreto de adjudicación provisional del contrato de las obras.
