Aproba la nueva ley de caza: La Junta defiende el carácter social y proteccionista de la norma
La consejera de Agricultura aseguró durante el Pleno de las Cortes, que la norma favorecerá la simplificación burocrática y administrativa
En la tarde de ayer quedó aprobada definitivamente en las Cortes Regionales la Ley de Caza de Castilla-La Mancha , tras un largo proceso de tramitación que no ha estado exento de polémica, principalmente por la radical oposición a la nueva normativa de los grupos ecologistas y del PSOE, que llegó a presentar una enmienda a la totalidad. Y también por la retirada de su apoyo, a última hora, de la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades afines al sector, Atica.
Sí ha recibido el respaldo de la Federación de Cazadores y de Aproca, además del Partido Popular, que consideran que con esta ley se profesionaliza el sector. Además de sustituir una ley, la de 1993, que se había quedado obsoleta.
En su defensa de la ley, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, aseguraba ayer en la tribuna durante el Pleno de las Cortes que se trata de una normativa «mucho más social», porque favorece y facilita la caza a los aficionados de los pueblos, a la vez que garantiza la conservación de la naturaleza y la mejora genética y sanitaria de las especies cinegéticas.
Recordó los principales objetivos que persigue la nueva ley, entre los que destacó: regular la actividad cinegética de forma ordenada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente simplifica y agilizando los trámites administrativos; regular la caza haciéndola compatible con otras actividades; conseguir una planificación integral de la totalidad de los terrenos cinegéticos; proteger y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos; conservar el medio natural y fomentar los hábitats de las especies.
La consejera defendió que la normativa se ha elaborado con una intensa colaboración pública «y gran voluntad de acuerdo» y recordó que a lo largo del proceso de exposición pública, se aceptaron -parcial o totalmente- un total de 169 alegaciones.
Además, incidió en que durante el debate en la Comisión de Agricultura de las Cortes regionales se aceptaron 24 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y 20 del Popular, además de una enmienda transaccional presentada por ambos grupos.
Indicó que el texto cuenta con el apoyo de todas las asociaciones del sector cinegético de Castilla-La Mancha, ya que favorecerá la simplificación burocrática y administrativa, la profesionalización en la gestión a través de los planes de ordenación y la responsabilidad con los planes zoosanitarios y el control de la genética.
María Luisa Soriano lamentó la actitud del Partido Socialista, y criticó que se haya posicionado con los grupos que están contra la actividad de la caza, y hayan apoyado una serie de planteamientos falaces que nada tienen que ver con la Ley de Caza, como que permita disparar a perros y gatos sueltos o que salirse de un camino en un monte público por una necesidad fisiológica suponga una multa de dos millones de euros.
El PSOE pidió la retirada
Desde las filas socialistas, el portavoz de Agricultura en las Cortes, José Luis González, pidió en repetidas ocasiones la retirada de esta ley, al considerar que no ha sido consensuada «con casi nadie» del sector. Recordó las 104.000 firmas recogidas pidiendo la retirada del proyecto de ley y la manifestación en contra de la norma, por lo que dijo que «si no se ha hablado con casi nadie, casi nadie ha participado, lo lógico es que al final la gente reaccione, proteste».
Según los socialistas, esta ley tiene un «carácter comercial e intensivo de la caza», y «casi el 99 por ciento de los cazadores tampoco están a favor de este modelo de caza comercial e intensiva». Su grupo también se mostró en contra de la aprobación de la caza con la técnica del lanceo y en que se pueda sancionar con multas que van desde los 3.000 a los 30.000 euros por «salir al campo a coger setas los días previos a una cacería», por lo que pidió que se hagan públicos los días en que se cazará en un terreno.
En cambio, la diputada del PP en las Cortes, Carolina Hernández, defendió el carácter consensuado de la norma, pues indicó que, debido a las alegaciones presentadas por los colectivos y a las enmiendas parciales aprobadas, se han modificado 51 de los 87 artículos de la ley.
«Ha habido participación ciudadana, de los sectores implicados y de los grupos políticos. No puede decir que es una ley sin participación», criticó Hernández.
Mientras, los grupos ecologistas tuvieron ayer un día agitado de protestas. Primero lo hicieron frente al Palacio de Benacazón, en Toledo, donde se celebraba el II Congreso Internacional de Tramperos, y después en las Cortes Regionales, en contra de la nueva Ley de Caza, al considerar que retratan «un tiempo de decadencia» y un «fracaso» de la sociedad.
Sin embargo, los responsables del congreso, organizado por la Asociación de Tramperos de España (ATE), y al que asisten más de un centenar de personas de diferentes partes del mundo, defendieron que esta conferencia tiene un carácter puramente técnico y busca profesionalizar esta actividad.
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