Detenidas 68 personas e imputadas 98 por fraude a Seguridad Social
La Policía Nacional ha detenido a 68 personas e imputado a otras 98 por defraudar al erario público más de dos millones de euros en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.
Los agentes investigaron veintiocho empresas ficticias, esclarecieron 713 delitos de falsificación y estafa y destaparon un fraude de 2.345.867 euros simulando relaciones laborales en los sectores de hostelería, construcción, limpieza, jardinería y mensajería, informó la Dirección General de la Policía.
Entre los implicados se encuentran los administradores mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude.
La operación se desarrolló en el marco del plan contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular desde que hace varios meses ser detectara un importante número de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara.
Tras el estudio de documentación del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo se constató la simulación de la relación laboral entre veintiocho mercantiles y sus trabajadores que pretendían beneficiarse de tal situación jurídica.
El operativo
Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades se coordinaron diferentes operativos que han culminado con el arresto de 68 personas y la imputación de otras 98 por diferentes tipos de delitos, entre los que destacan falsedades documentales, estafas y otros cometidos contra los derechos de los trabajadores.
Los implicados utilizaban empresas ficticias de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que daban de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero.
Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividad laboral en ámbitos como la hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.
Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social y mediante la utilización de los falsos contratos lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
