Las Cortes regionales aprueban la ley de mediación social y familiar por unanimidad
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer por unanimidad la ley del servicio regional de Mediación Social y Familiar, una norma que promueve la mediación extrajudicial de conflictos, tanto en el ámbito social como el familiar, no sólo en cuestiones de divorcio, sino también en menores y mayores.
Durante su intervención en el pleno para debatir esta ley, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, recalcó que con esta norma, la región «se sitúa como pionera en la tercera generación de leyes de mediación», ya que subraya el carácter social de la mediación.
Echániz, que situó la aprobación de esta norma en el conjunto de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno regional y por el parlamento autonómico, incidió en que una de las novedades de la ley es precisamente que, en el ámbito familiar, no se centra únicamente en las rupturas de pareja, sino que también atiende a menores y a las personas mayores.
Asimismo, incidió en que contempla la mediación como un instrumento más amplio, que también incluye otros aspectos sociales, y en el que el mediador «no decide», sino que «es sólo el canal para que las partes puedan llegar a una solución».
Con la aprobación de esta ley, se creará un servicio regional de mediación autonómico, propio y particular en Castilla-La Mancha y dependerá de la Consejería que se encargue de los temas de familia, tal y como valoraron tanto la diputada popular Pilar Martínez como la socialista Dolores Andújar, que expusieron conjuntamente el dictamen de la ley.
Comunidad escolar
Esta ley, compuesta por 40 artículos, 5 títulos, 2 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, también pretende establecer un servicio social especializado en mediación en aquellos conflictos que se producen en la comunidad escolar, los que pueden surgir en el ámbito sanitario o los que puedan originarse entre los responsables de las instituciones y personas usuarias de las mismas.
También se contemplan como ámbitos susceptibles de intervención la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas y la mediación para la conciliación y reparación del daño, en caso de responsabilidad penal de menores.
La diputada del PP en las Cortes Pilar Martínez subrayó la importancia de esta ley, que permite la creación de un servicio especializado y que,además, llega a la cámara autonómica con el visto bueno de ambos grupos políticos y con el consenso de toda la sociedad, como jueces, fiscales o asociaciones de juristas.
Martínez señaló que la mediación de conflictos «existe desde tiempos inmemoriales» y por ello ha destacado la importancia que la comunidad autónoma adapte su legislación a esta práctica extrajudicial, que «por desgracia es cada vez más necesario».
Por su parte, la diputada socialista Dolores Andújar subrayó la importancia de que, gracias a esta ley, puedan ser las partes las que encuentren una solución consensuada y satisfactoria a los conflictos, ya que el mediador no impone soluciones, sólo facilita el acuerdo.
Dotación presupuestaria
Andújar también destacó el consenso generado en torno a esta ley y ha recordado que en la Comisión de Asuntos Sociales en la que se debatieron las enmiendas socialistas, 4 se aprobaron por unanimidad, seis se transaron y otras cuatro se retiraron, con el objetivo de favorecer el acuerdo.
Sin embargo, exigió al Gobierno regional que esta ley cuente con una dotación presupuestaria «suficiente y digna», pues advirtió que, «de lo contrario el proyecto se convertirá en papel mojado» y denunció las bajadas presupuestarias que han experimentado los temas sociales y sanitarios.
En cambio, la popular Pilar Martínez tachó de «deplorables» estas declaraciones y pidió disculpas a los invitados.
