Dos detenidos en San Clemente por explotación laboral
Se trata de dos individuos: un rumano de 33 años y un agricultor español
La Guardia Civil ha detenido en San Clemente (Cuenca) a dos personas por un delito de trata de seres humanos, entre los que hay al menos un menor, con fines de explotación laboral, y otro delito de falsificación de documento público.
Según informó la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, los detenidos son un rumano de 33 años y un agricultor español de 46.
La investigación se inició cuando tres ciudadanos rumanos, entre ellos un menor, denunciaron el pasado mes de septiembre que llevaban trabajando desde abril en campañas agrícolas, cobrando 20 euros a la semana y viviendo «hacinados y con graves carencias higiénicas».
Los denunciantes explicaron que habían contactado en Rumanía con una persona que les prometió unas condiciones laborales al venir a España y que les prestó el dinero para el viaje.
Sin embargo, les cobraba un interés «abusivo», entre un 25 % y un 75 %, y les buscó alojamiento en la localidad conquense de Casas de Fernando Alonso, donde vivían 15 personas en cuatro habitaciones, con una sola cocina y dos cuartos de baño sin ducha, por el que pagaban de 60 a 80 euros mensuales.
Pagos semanales
Además, su compatriota les cobraba cinco euros por el traslado al lugar de trabajo, por lo que finalmente les pagaba 20 euros semanales, con jornadas laborales que superaban las ocho horas diarias.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cuenca comprobó que los denunciantes habían trabajado en la campaña del ajo y de la cebolla para un agricultor español, que les había dado de alta con un contrato de trabajo.
Además, uno de ellos figuraba como encargado de un grupo de trabajo, pese a que no sabía ni leer ni escribir en español y desconocía dicha circunstancia.
La Guardia Civil detuvo el pasado 22 de diciembre en San Clemente tanto al agricultor como al intermediario rumano por un delito de explotación laboral y otro de falsificación de documento público. Están acusados de haber recibido en Rumanía promesas de trabajo que le permitirían regularizar su situación al llegar a territorio español.
