El sector cinegético destaca el «carácter social» de la Ley de Caza
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (Aproca) valoraron el carácter «social e innovador» de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. En un comunicado de prensa, estas organizaciones subrayaron que la nueva norma regulará la actividad cinegética en la región y manifestaron su rechazo a las críticas de los grupos ecologistas.
El presidente de la Federación Regional de Caza, Juan de Dios García, y el presidente de Aproca de la región, Luis Fernando Villanueva, se refirieron a las críticas de los grupos ecologistas y dijeron que son «falsedades». Quisieron aclarar todos y cada uno de los aspectos por los que los grupos ecologistas solicitaron la paralización del proyecto de ley.
Los representantes del sector cinegético aseguraron que no es cierto que la Ley de Caza permita matar perros y gatos de cualquier persona, y quisieron dejar muy claro que en ni uno sólo de los 81 artículos y 17 disposiciones adicionales se menciona, una sola vez matar perros o gatos.
García y Villanueva aseguraron que con respecto al cierre de caminos públicos, los ecologistas «nuevamente intentan demagógicamente confundir a la sociedad», ya que, no sólo la ley no refleja nada al respecto, sino que las competencias en esta materia no las tiene la administración regional, sino los ayuntamientos.
Eso sí, la ley, a petición del sector, dijeron, incide en la necesidad de señalizar y avisar de la celebración de una cacería para evitar accidentes. También aseguraron que «no es verdad» que la ley de caza establezca sanciones desde 200.000 hasta 2.000.000 de euros para aquellas personas que molesten la actividad cinegética, con mención clara a los seteros, cicloturistas o senderistas.
Los representantes del sector cinegético argumentaron que «la ley de caza establece como sanciones más graves hasta un máximo de 30.000 euros».
En cuanto a las cuestiones positivas de esta ley, Juan de Dios García destacó su carácter netamente social. Así, citó la creación de las zonas colectivas de caza que benefician a las sociedades locales de cazadores, la bonificación en tasas a estos cotos y la aclaración de la responsabilidad de los daños a la agricultura que, indicó, «marcan un cambio significativo en el futuro de la caza social».
Por otro lado, Luis Fernando Villanueva subrayó el carácter innovador y profesional de esta ley, así como la creación de los planes de ordenación cinegética y la necesidad de un mayor conocimiento sobre la gestión forestal sostenible, los planes zoosanitarios y las asociaciones de defensa sanitaria que aseguran el control de la sanidad de las especies.
Destacó asimismo el control de la pureza genética en el desarrollo de esta ley. En contraposición, tanto Aproca como la Federación de Caza aseguraron que echan de menos en esta ley «una apuesta más clara para salvar la caza menor en la región, donde algunas especies como la perdiz roja están pasando por un momento crítico».
También fueron críticos con el desarrollo de un régimen sancionador excesivo de la Ley de Conservación de la Naturaleza o la desaparición de las vías pecuarias de la superficie de los acotados.
