Presentan una querella contra dos exediles socialistas de Villarrobledo
La primera teniente de alcalde de Villarrobledo, Amalia Gutiérrez, del PP, y el portavoz de Ciudadanos por Villarrobledo, José Antonio Cabañero, preentaron ayer una querella criminal en el juzgado contra dos exconcejales socialistas por seis presuntos delitos.
Según señaló Amalia Gutiérrez, la querella criminal va dirigida contra los exconcejales de Medio Ambiente Juan Luis Iñiguez y de Obras y Economía Juan Bautista Torrente, así como los representantes de dos empresas que trabajaron en el proyecto del Centro de Interpretación Bodega de Ventas de Alcolea, que tuvo un coste de 230.000 euros financiados con fondos públicos del Plan E.
Gutiérrez explicó que «al menos se han producido hasta seis posibles delitos de falsificación continuada de documentos públicos, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e intrusismo». Recordó que en julio de 2013 se inició una comisión de investigación sobre el citado proyecto, que se cerró el pasado 8 de diciembre, en la que se tomó declaración a responsables políticos, técnicos municipales y a las empresas que realizaron los trabajos del proyecto.
Así, aseguró que «el propio arquitecto del proyecto reconoce en acta notarial como suyas solo una de las 26 firmas que aparecen en dicho proyecto». La responsable popular indicó que este proyecto «ha estado bajo sospecha desde sus inicios», y añadió que «es evidente que nadie falsifica 25 firmas sin tener un objetivo detrás».
Por su parte, José Antonio Cabañero dijo que, ya en su día, Ciudadanos por Villarrobledo «denunció posibles irregularidades en el ejercicio de la obra, así como administrativas en el proyecto, y que por ello se llevó a cabo el expediente de información reservada que ha sido instruido por los portavoces del PP y CIVI».
Para Cabañero, existen «aparentemente diversas posibles irregularidades en las obras de este proyecto, que actualmente está en estado ruinoso y por tanto no visitable, debido a la mala ejecución de las obras».
El abogado Diego Atienza afirmó que «la probada falsificación de las firmas encadena una serie de presuntos delitos sobre un dinero que debería de haber ido a las obras y que finalmente no ha ido».
