Las cuentas de Aguas de Alcázar «eran falseadas año tras año»

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ángel Puente, aseguró ayer que las novedades que se han producido en la causa judicial que investiga la quiebra de Aguas de Alcázar tras la querella presentada por PP y CxA demuestran que «no nos hemos inventado nada».

Puente destacó que un perito judicial ha cifrado en 1,4 millones de euros la sobrefacturación de diferentes obras realizadas por Aguas de Alcázar durante los años de gestión socialista, al tiempo que la jueza encargada del caso ha decretado la investigación de las cuentas y patrimonio del anterior alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, así como del ex concejal Benito Montiel y el ex gerente, Francisco Javier Azaña, todos ellos imputados.

El informe del perito judicial, además, constata que las irregularidades detectadas no serían únicamente constitutivas de un delito de prevaricación, sino también de cohecho. Asimismo, tanto por parte del Ayuntamiento como de Aguas de Alcázar se aportarán, como se ha hecho hasta ahora, todos los informes de obras y cuentas, así como datos de «movimientos extraños» detectados en empresas vinculadas al PSOE.

Estas novedades judiciales en torno al asunto de Aguas de Alcázar demuestran, según el portavoz municipal, que «las cuentas eran falseadas año tras año con la aportación de facturas falsas, sobrecostes o documentación de obras que nunca se hicieron». Puso como ejemplo las obras de eliminación de barreras arquitectónicas de la zona del mercadillo, presupuestadas en 90.000 euros y para las que el Ayuntamiento recibió una subvención del Gobierno regional. Por esas obras se pagaron al final 180.000 euros sin que se hiciera absolutamente nada. Igualmente, para unas obras en el Parque Cervantes se pagaron 300.000 euros a un licitador, y un año después la misma cantidad por el mismo concepto.

Éstos son sólo dos ejemplos de lo que se ha detectado y que, como ha aclarado Ángel Puente, no es parte de la deuda que provocó la quiebra de Aguas de Alcázar, sino que vendría a sumarse a los 6,6 millones de deuda reconocida. A esta cantidad habría que añadir esos 1,4 millones de euros de sobrefacturación que el perito judicial recoge en su informe, más otras cantidades que indican que «cada año se distraían en Aguas unos tres millones de euros, algo que el juzgado está investigando». Y es que, además de las facturas falseadas, sobrefacturación y obras no realizadas, también se hicieron con cargo a la empresa pública obras para empresarios particulares a los que no se les cobraban impuestos o directamente se les realizaban obras de canalización cuyo coste no les fue requerido jamás.

Los damnificados de todas estas «fechorías» son los vecinos de Alcázar de San Juan, que «las han pagado con sus impuestos». Unas fechorías que ha resultado difícil encontrar, ya que «ha habido que buscar en expedientes escondidos por el Ayuntamiento». Además, Puente indicó que «curiosamente, días antes de producirse el cambio de Gobierno municipal se estropearon tres ordenadores y muchos expedientes desaparecieron». Por ello, los tres millones de euros «distraídos» cada año se refieren sólo a lo que se ha podido encontrar.

Pese a la claridad de estas irregularidades que desde el propio juzgado se han detectado, «algunos siguen diciendo que lo de Aguas era normal». En este punto, el portavoz municipal se ha referido al Grupo Municipal Socialista, que sigue manteniendo a Sánchez Bódalo como concejal, lo que convierte a este partido en «corresponsable del desfalco y de todo lo que se está viendo en el juzgado». «El PSOE lleva desde el principio intentando tapar estas irregularidades», afirmaba Puente, quien añadía que por otro lado está la plataforma del agua, que es «el aparato encubridor que sigue las instrucciones de Bódalo y de amigos cercanos, como Pedro Pablo Novillo», antiguo concejal de Izquierda Unida que se pasó al PSOE, tras lo que consiguió un alto cargo en la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades.