Se destapa un fraude a ayuntamientos de Cuenca en los servicios de contabilidad
Una trama orquestada supuestamente por uno de los empleados de una empresa de contabilidad, que defraudaba a los consistorios que le contrataban servicios, está detrás de los 37 requerimientos de documentación a otros tantos ayuntamientos de la provincia, en el marco de una operación en la que se ha detenido al alcalde de Puebla de Almenara, Luis Miguel Bustos, del PSOE, y los dos últimos secretarios del consistorio, que responden a las iniciales V.F.C. y C.P.
En total, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se han llevado a cabo nueve detenciones; siete personas han quedado libres y tres de los detenidos con medidas cautelares.
El regidor socialista, que gobierna desde el año 2007 en Puebla de Almenara, quedó en libertad con cargos y sin fianza tras prestar declaración, según informaron a ABC fuentes de su entorno, al igual que quien fue secretario entre los años 2008 y 2011, aunque realmente era auxiliar administrativo y la actual secretaria del consistorio, vinculada al PSOE.
Los requerimientos se han practicado en consistorios de todos los colores políticos. En concreto, en San Martín de Boniches, Villarrubio, Villagarcía del Llano, Villarta, Santa María del Val, Saelices, El Hito, Casas de Benítez, Almendros, Masegosa Cañaveruelas, Mancomunidad de la Encomienda de Belvalle, con sede en el Ayuntamiento de Beteta y Lagunaseca. También en Castillo de Garcimuñoz, Villar del Humo, Valeras, Puebla del Salvador, Tragacete, La Almarcha, La Pesquera, Las Mesas, Zafrilla, Boniches, Paracuellos de la Vega, Alarcón, Tébar, Barajas de Melo, Beteta, Mariana, Villarta, Hontanaya, La Ventosa y Pozorrubielos de la Mancha.
En el marco de esta operación, denominada «Almenas», se investigan supuestos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales y falsificación de documentos que afecta al ámbito de la Administración Local. En total se han llevado a cabo cinco registros en domicilios y empresas. El caso lo lleva el juzgado de instrucción número 1 de Tarancón, que ha decretado el secreto de sumario.
Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, uno de los trabajadores de la empresa que prestó asistencia técnica a los municipios de buena parte de la provincia de Cuenca, y también a algunos de Albacete, se valía supuestamente de facturas falsas a nombre de otras para defraudar.
Buena parte de los hechos se podría haber producido entre 2008 y 2011.
