Ley regional sobre la DiscapacidadCospedal, la primera en garantizar los derechos de los discapacitados
Durante 28 años de gobiernos socialistas nunca se había alcanzado el consenso en esta importante materia
La aprobación por unanimidad el pasado jueves en las Cortes regionales de la Ley de Garantía de las Personas con Discapacidad supone un auténtico hito para Castilla-La Mancha. Primero por la importancia y el beneficio que el nuevo texto legal va a representar para las personas directamente afectadas por la misma y segundo, por el grado de consenso absoluto alcanzado, tanto con las asociaciones que representan la discapacidad como por una unanimidad política poco frecuente. De esta manera, el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal logra terminar con una situación de desamparo legal concreto para este colectivo que nunca se había logrado en la Comunidad tras 28 años de mandato socialista. Asimismo, se ha logrado consensuar un texto que, según representantes del mundo de la discapacidad, «se sitúa a la vanguardia de la defensa real y explícita de los derechos de las personas con discapacidad, también a nivel nacional y europeo».
También el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha ha destacado el compromiso demostrado por las fuerzas políticas para alcanzar un consenso y aprobar por unanimidad la nueva ley. El Cermi explicó que la misma, en la que ha venido trabajando desde hace casi dos años junto al Gobierno regional y la Federación de Municipios, «viene a garantizar una serie de derechos fundamentales a la ciudadanía con discapacidad y a sus familias, y su objetivo central es establecer los apoyos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades y una inclusión plena en la sociedad».
Pero toda norma debe ir apoyada por una dotación presupuestaria que garantice su aplicación, y en este sentido la propia presidenta regional, María Dolores de Cospedal, anunció en el pleno que el gobierno que preside destinará el 1 por ciento del PIB de la región a las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las representan. Por eso desde el Ejecutivo autonómico se destaca que con la aprobación definitiva de esta normativa, «Cospedal ha cumplido con el compromiso de, por dignidad y justicia social, elevar a rango de ley las reivindicaciones históricas de este colectivo, fruto de un intercambio y diálogo constante del Ejecutivo regional con las principales entidades afectadas, con las que se ha ido de la mano «hasta en los momentos más difíciles».
Hay que tener en cuenta que el 10 por ciento de la sociedad de Castilla-La Mancha sufre alguna discapacidad, pero el realidad un 20 por ciento de la población castellano-manchega está afectada o concernida, si se incluyen a cuidadores, familiares a o formadores.
También se apunta su carácter «transversal», con el fin de garantizar a las personas con discapacidad que todo lo que se haga para ellos, se hará contando con ellos.
Novedades de la ley
Entre las características más destacables de la ley figura la necesidad de aportar un informe de «impacto de discapacidad» en todas las iniciativas de carácter normativo y estratégico de todas las consejerías del Gobierno.
Asimismo, se determina las responsabilidades de los principales actores de la sociedad: las familias, las empresas, las entidades locales, el Gobierno o la propia televisión regional, que deben atender especialmente a este colectivo. Algunos de estos aspecto hacen de esta norma «vanguardista e innovadora», un referente para otras Comunidades, con medidas que afectan a todos los ámbitos del gobierno.
Así, los consejos escolares de Castilla-La Mancha deberán incluir a una persona que trabaje en el sector de la discapacidad. También se establece que el cinco por ciento de las plazas de Formación Profesional se reserven para alumnos con alguna discapacidad, al tiempo que se contemplan beneficios fiscales para estas personas o entidades que gestionan servicios para personas con discapacidad.
Otra característica relevante es que se garantiza una especial protección de la mujer con discapacidad con medidas en las políticas de empleo o de acceso a la vivienda pública. Asimismo, se asume el compromiso de aumentar el porcentaje de viviendas protegidas y se aumenta la financiación para contratar asistentes personales.
