El exalcalde de Elche de la Sierra se enfrenta a 7 años de inhabilitación
El que fuera alcalde socialista del municipio albaceteño de Elche de la Sierra durante 24 años, Domingo del Val Perdiguero, aseguró ayer en la vista oral contra él y tres concejales de su corporación por presunto delito continuado de prevaricación urbanística que todo se debe a unas «malas prácticas antidemocráticas» del Partido Popular para conseguir «lo que no habían conseguido hasta la fecha, la alcaldía».
En el juicio, el primer edil durante los años 2003 y 2004, fecha objeto de la acusación, aseguró que concedió cuatro licencias para construir viviendas unifamiliares y locales en varios viales del municipio porque eran solares sobre cuyos propietarios tenían derechos y no otorgarles la licencia hubiera sido discriminatorio respecto a otros vecinos que sí tenían viviendas en las mimas calles en donde se solicitaban.
Domingo del Val, que en más de una ocasión fue requerido por la magistrada del juzgado de lo Penal nº 1 de Albacete para que se calmara y fuera más claro y conciso a la hora de responder a preguntas del Ministerio Público, relató que en los años que se estaba enjuiciando «existía una caos e inseguridad jurídica» con respecto a la plantificación urbanística del municipio.
«Faltaba en Elche de la Sierra un programa de actuación urbanística pero estaban en vigor las normas subsidiarias provinciales» de 31 de octubre de 1989 que eran sobre las que se decidían las licencias, a pesar de que su publicación en el BOP no se produjo hasta 19 años después, en 2008. Aunque, según la fiscalía, las licencias las concedieron con informes técnicos del secretario y el aparejador del Consistorio contrarios, el que fuera alcalde reiteró que las licencias «se ajustaron a derecho y ley, porque esos ciudadanos dueños de los solares tenían derecho a edificar».
Servicio de asistencia técnica
Además, relató que cuando se les presentaba dudas al respecto, se asesoraban con el servicio de asistencia técnica a municipios de la Diputación provincial. Según estos técnicos, tal y como declaró el que fuera concejal de Urbanismo, José Fernández Sánchez, esos solares tenían la condición de ello porque reunían «el 60% del servicio de alcantarillado, agua e iluminación». Para otra licencia, la de la calle Serradores, se precisaba el que la vivienda estuviera vinculada a un uso industrial. El beneficiario era el hermano del concejal procesado y éste afirmó que por ser su hermano, que sí había vinculado el solar a una actividad industrial, no tenía porqué discriminarlo respecto a otros vecinos.
Preguntado por las licencias concedidas para construir cinco casas rurales y una sala polivalente en el paraje de El Gallego, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos por estar en suelo no urbanizable, el ex alcalde aseguró que lo único que emitieron fue un certificado de licencia de construcción que los promotores de aquel complejo rural necesitaban para recibir una subvención, pero no la licencia en sí.
Por su parte, el concejal del PP que formuló la denuncia, José Cayetano Guerrero, no quiso produndizar en los motivos que le llevaron a ello, comentando que fueron los servicios jurídicos del partido los que recomendaron interponer la denuncia «por irregularidades en la concesión de licencias». Admitió que el ordenamiento urbanístico en Elche de la Sierra era «un limbo jurídico» y que presentaba muchas dudas.
Aunque fue él quien presentó la denuncia contra los miembros de la corporación municipal de Elche de la Sierra, renunció posteriormente a la acción penal por «sentido común», dijo. «Llevo cuatro años sin pertenecer al PP de Elche de la Sierra, ya no estoy allí y no represento a un grupo político», explicó a preguntas de la defensa.
Tanto el secretario del Ayuntamiento en los años 2003 y 2004, como el aparejador, afirmaron que sus informes los basaron en las normas subsidiarias de planificación urbanística de 1989, «que a lo largo del tiempo han sido válidas», a pesar de que no se publicaron hasta 2008. Eran contrarios a las licencias por ser «calles inexistentes» o en paraje de «especial protección», como el de El Gallego
El representante del Ministerio Público modificó las penas solicitadas en el escrito de acusación inicial aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido desde los años objeto del juicio y el día de la vista oral. Pidió para cada uno de los acusados multa de 3.600 euros e inhabilitación para ejercer cargo público durante siete años.
El juicio quedó visto para sentencia.
