Nuevo rifirrafe entre CCOO y UGT por el transporte sanitario
CCOO denuncia la dilación de Aetsclm y UGT para aplazar el juicio por el convenio
CCOO ha denunciado las maniobras dilatorias de UGT y de la Asociación de Empresas del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha (Aetsclm) que está provocando el aplazamiento reiterado del juicio de impugnación del convenio colectivo de transporte sanitario en la región.
Este convenio, suscrito por UGT y Aetsclm en julio de 2013, tardó varios meses en publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) porque la Consejería de Empleo, a instancias de CCOO, rehusó hacerlo hasta que no se rectificaran ilegalidades pactadas por el sindicato y la patronal, señala un comunicado de CCOO.
Meses más tarde, la Junta aceptó las correcciones que UGT y Aetsclm se vieron forzadas a introducir, que fueron puramente formales y no sustanciales, como la aplicación del convenio viene demostrando, por lo que CCOO lo llevó a los tribunales.
El juicio estaba previsto para el pasado 9 de octubre, pero hubo de suspenderse porque UGT alegó «problemas de agenda» de su abogado, y el Tribunal fijo como nueva fecha para la vista el próximo día 5, pero ahora ha sido la patronal la que ha buscado una nueva dilación en el proceso, que por el momento no tiene fecha.
Para el nuevo atraso, Aetsclm ha alegado que en la demanda de CCOO no se incluye a las patronales Agetrans y Sanitrans, que a su juicio no deben de formar parte de la asociación o que deben ser objeto de citación específica.
Según ha denunciado CCOO, esta nueva dilación es «rocambolesca» porque el abogado que pide en nombre de Aetsclm que se cite también a Agetrans y Sanitrans es a la vez el letrado de esta última, que sólo integra a Ambuibérica, y que defiende la misma persona.
Ampliación de demanda
Una «artimaña», según CCOO, que le ha obligado a ampliar su demanda a las dos patronales citadas y a trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha su malestar por la actitud de UGT y la patronal porque «tratan únicamente de dilatar la celebración del juicio por la impugnación del convenio».
El convenio permitió a las empresas beneficiadas por la Junta con la adjudicación del servicio en las cinco provincias de la región a despedir a más de 150 trabajadores y supuso una rebaja salarial del 16% y la eliminación de una de las pagas extra de convenio para los trabajadores restantes.
También, la regularización de unas jornadas de trabajo ilegales de más de 2.800 horas anuales para algunos de estos trabajadores, así como la introducción de los denominados «dispositivos de localización», prohibidos en la red de urgencias.
